El pasado 20 de junio un funcionario de prisiones, arrogándose la condición de "hijo de Dios", arrancó un brazo al Cristo del Gran Poder, conocido como el Señor de Sevilla, una talla del siglo XVII atribuida a Juan de Mena y una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa hispalense.
El escabroso ataque provocó una conmoción entre la sociedad sevillana y especial desazón en Manuel Ruiz de Lopera, que siempre lleva consigo una estampa del Cristo a la que besa con fruición cada vez que su Betis juega un partido de fútbol.
Y fue toda una premonición. Casi un mes después de que el Gran Poder soportara la sacrílega amputación, Don Manuel, el más devoto de sus fieles, sufría la implacable embestida de la jueza Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que dictó un auto requiriendo de Ruiz de Lopera una fianza de 25 millones de euros a depositar antes del próximo miércoles como medida cautelar.
La disposición ha puesto patas arriba al histórico club andaluz. Por un lado, deja sin efecto la venta de la mayoría de las acciones del Betis al grupo que representa el empresario navarro Luis Oliver y, sobre todo, quita a Lopera la propiedad y todo control sobre la entidad, regida durante 18 años de forma populista, dejando una impronta evidente.
De aquel señor altivo, que hizo fortuna con la usura, látigo del sevillismo e idolatrado por buena parte del beticismo (hay una peña denominada Lo que diga don Manué) apenas quedan rescoldos. Desde hace un par de años simplemente es un tipo odiado por la hinchada que otrora le veneraba que se esconde en su castillo personal, una manzana de casas situada en la céntrica calle Jabugo. No acude al estadio, que rebautizó con su nombre en un claro gesto de vanidad infinita, y desde el 2006 tiene cedida la presidencia de la entidad en José León, su hombre de paja.
Acusado de hundir al Betis, que desde hace dos años bebe la hiel de Segunda División mientras el Sevilla, el gran rival, alcanza sus cotas deportivas más altas en toda su historia, quiso vender la propiedad, pero no encontró comprador. A su críticos les decía: ¿Cómo me voy a ir si nadie compra mis acciones? O les desafiaba con un ¿dónde estaban ustedes en el 92?, cuando Lopera compró el club para evitar su desaparición al amparo de la reconversión en sociedades anónimas y ante la desidia de los aficionados béticos.
un tsunami Pero al fin vino ese alguien con el dinero, y el pasado 7 de julio Lopera traspasó su paquete mayoritario de acciones, el 53% del total, a Luis Oliver, cabeza visible del enigmático grupo Bitton Sport, por unos 18 millones.
Y cuando el Betis parecía encaminarse hacia un nuevo rumbo, la nave verdiblanca sufrió el embate de un tsunami. La Justicia entró a saco imputando a Lopera de un delito societario. En el folio segundo del auto, la jueza Alaya pide que "se libre oficio al CSD para que no autorice la compraventa de las acciones al grupo Bitton Sport hasta que fuera acordado por este juzgado".
Dichas acciones están en poder de empresas controladas por Lopera, como Farusa, Incecosa o Frigimueble, que son citadas por la jueza "por la especial relación de las mismas con este procedimiento, la primera accionista mayoritaria del Real Betis y la segunda y tercera propietarias en su momento de Tegasa y Encadesa", empresas relacionadas con la gestión de Ruiz de Lopera al frente de la entidad verdiblanca.
La juez también decretó la suspensión cautelar de Ruiz Lopera "en las funciones que hasta la fecha viene desempeñando como consejero y consejero delegado" del club.
La incertidumbre es total, pues muchos de los empleados del Betis cobran de Farusa. Además, todavía queda por conocerse la segunda parte del informe pericial, que abarca supuestos delitos cometidos entre 1999 y 2008, que los entendidos aseguran son más gravosos todavía para el Betis, cuya deuda se estima entre los 60 y 90 millones de euros.
Lopera aseguró el pasado sábado, mediante un comunicado, que "las medidas adoptadas no tienen fundamento ni base alguna y será objeto del oportuno recurso".
La junta General de Accionistas del Betis está convocada para 20 de agosto, y hasta entonces el consejo de administración bético seguirá trabajando "como si nada hubiera pasado". Lo cierto es que Lopera acudirá a la misma sin poder, al estar en suspensión los "derechos políticos" del paquete mayoritario de acciones depositado a nombre de Farusa.
