La escalada de precios del petróleo, la electricidad y los carburantes obliga a algo más que a declaraciones altisonantes: exige decisiones rápidas, medibles y duraderas. El Gobierno español, los ejecutivos autonómicos y los partidos tienen la responsabilidad de concretar ya un paquete coordinado de medidas que dé estabilidad a familias y empresas, garantizando la sostenibilidad de la actividad económica y el acceso asequible a la energía. La participación interinstitucional en un modelo descentralizado como el del Estado debería estar fraguándose ya y va con retraso. En ese terreno hay más puntos de encuentro de lo que sugieren los rifirrafes partidistas. Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han planteado a Pedro Sánchez esa necesidad, y el lehendakari, en particular, un decálogo de medidas específicas entre las que figura baja el IVA de la luz del 21% al 5%, suprimir el impuesto del 7% a la generación eléctrica y aliviar peajes para la industria electrointensiva. El PP coincide en esas dos primeras palancas fiscales, aunque demanda fijar el IVA en el 10%. Al mismo tiempo, la derecha y la izquierda confederal convergen en la necesidad de subvencionar el gasóleo agrícola y proteger al transporte y al campo del golpe en los combustibles. Ese espacio común debería ser el punto de partida de un acuerdo amplio, no el terreno de juego de la competición por el titular más efectista. Resulta poco útil un debate colonizado por ocurrencias, como anunciar a golpe de micrófono la prohibición general de despidos por causas energéticas sin detallar su encaje jurídico y presupuestario –Yolanda Díaz–, o por vacíos, como limitarse a pedir elecciones anticipadas –Vox– o a invocar el “escudo social” sin aterrizarlo en cifras y normas ni atender a iniciativas paralelas para sostener la economía –EH Bildu–. Hay medidas sociales, fiscales y económicas que, diseñadas con precisión, atendiendo a su impacto sobre las cuentas públicas y la competitividad privada, serán útiles. Para lograrlo, es preciso acelerar el diálogo político e institucional, aparcar partidismos y construir un marco consensuado sobre electricidad y carburantes que combine el alivio inmediato y la sostenibilidad a medio plazo. Fracasar en este desafío acabará convirtiendo una crisis energética en una de confianza política.