La semana ha sido especialmente complicada para la imagen del PSOE con la sucesión de filtraciones en torno sus dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. La entrada de la Guardia Civil en la sede de Ferraz y el Ministerio de Transportes da una dimensión visual que trasciende la lógica procedimental. Con ser previsible, la búsqueda de información en la sede socialista adquiere un peso añadido de cara al relato que trasciende a la opinión pública. Se trata de una disposición consustancial a la investigación, que no concita por sí misma una carga de presunción ni de extensión de las responsabilidades penales por encima de lo trascendido hasta la fecha. La investigación sigue sin poner sobre la mesa indicios de financiación irregular del partido, que sería un impacto difícilmente soslayable para Pedro Sánchez –aunque es preciso recordar que existen precedentes en los que prácticas semejantes en el PP no tuvieron consecuencias hasta sentencia firme y no por iniciativa del partido implicado–. Pero no cabe ocultar que el daño reputacional es grave y que la familia socialista lo está viviendo con dolor, decepción e incertidumbre. La presencia de la Guardia Civil en su sede central proyecta la función central que los investigados Ábalos y Cerdán han tenido, sucesivamente y hasta hace pocos días, en su organización. También la ampliación de la investigación a una docena de adjudicaciones realizadas por sociedades públicas y estructuras del Ministerio de Transportes –Adif y Dirección General de Carreteras– facilita extender la percepción de mancha de aceite. El rigor que se reclama al Gobierno y al PSOE tienen todo el sentido para preservar la estabilidad institucional. Será una tarea que implicará abrir costuras y exponer a la luz las entrañas del funcionamiento del partido y las instituciones implicadas. Pero es imprescindible preservar la fiabilidad de las instituciones democráticas –también los partidos lo son– y anticiparse al cuestionamiento y la duda. El lehendakari y la presidenta de Navarra han decidido revisar adjudicaciones públicas de los últimos años; no es ni un reconocimiento ni una acusación sino un ejercicio de transparencia que deberían aplicar también los gobiernos autonómicos del PP. El riesgo de deterioro de la confianza en las instituciones lo justifica.