La insostenible situación de saturación y hacinamiento de migrantes en Canarias y Ceuta debería haber sido afrontada con un mínimo criterio humanitario hace tiempo y otro de corresponsabilidad. En el caso de los menores de edad, se ven afectados, además, los derechos de la infancia. Hasta la fecha, los gobiernos autonómicos y la representación parlamentaria de la derecha española han bloqueado un reparto del esfuerzo negando con ello el principio de solidaridad y siguen construyendo un relato de intolerancia, de huida de la función de las administraciones y de populismo que alimenta la confrontación en el seno de la sociedad con el señalamiento de Euskadi y Catalunya como enemigos privilegiados del resto de la ciudadanía del Estado. La manipulación es tan obvia que ya no resiste el beneficio de la duda: no hay desconocimiento detrás de los mensajes del PP y de Vox ayer mismo para rechazar el acuerdo entre los gobiernos de Canarias y del Estado; lo que hay es una estrategia de embrutecimiento que apela al componente más irracional de los miedos y los egoísmos humanos, de confrontar a la sociedad civil entre sí desde el populismo más antidemocrático. La derecha española sabe de su irresponsabilidad y de la negativa de las instituciones que administra a cumplir con el principio de solidaridad con Ceuta, Canarias y con otras autonomías. Mientras se le llena la boca con discursos vacíos e interesados sobre la igualdad de los españoles, como método para criminalizar las sensibilidades nacionalistas en Euskadi y Catalunya, fomenta el desequilibrio en la acogida de menores migrantes, que es una obligación de alcance colectivo. La verdad objetiva es que tanto la Comunidad Autónoma del País Vasco como la Foral de Nafarroa, Catalunya y Canarias están compensando con un exceso de plazas las carencias del resto de autonomías, con una destacada insolidaridad de los gobiernos del PP en Andalucía, Madrid, Valencia y Castilla y León. Esos son los hechos contrastables. Falsearlos con descaro genera rédito político –a la vista está– a costa de negar información cierta. El desparpajo con el que exhiben una sobreactuada indignación los portavoces que descalifican las soluciones de reparto, propuestas en base a criterios razonables de población y riqueza, es falsario y merece la sanción social.