El reparto de cuotas pesqueras en la Unión Europea (UE) reproduce cada año constantes de las que se deben extraer mecanismos de eficiencia en la toma de decisiones. De cara a 2025, la percepción es de que las flotas de bajura del Atlántico van a poder afrontar el ejercicio con garantías, pero más dificultad van a tener las de altura –la de Ondarroa– y las del Mediterráneo. El pulso entre la sostenibilidad de las especies marinas y la del sector pesquero no debería llegar en el momento de planificar la siguiente campaña sino fruto de una estrategia coherente de protección de la biomasa, pero también de la actividad. En ese sentido, es imprescindible generalizar algunas prácticas y también algunas dinámicas que ayudarán a adoptar medidas lógicas y equilibradas. La presión sobre la biomasa de determinadas especies es objetiva y conllevaría una política más eficiente. En primer lugar, conociendo su estado con un seguimiento científico estable. Además, hay medidas en la pesquería que se pueden adoptar –desde los períodos de protección de crianza, al uso de artes menos agresivas incluso en el arrastre, etc.– y que más que un incentivo para autorizar un mayor período de pesca, deberían estar integradas ya en determinadas flotas. Porque otras, y las cantábricas han sido punteras en ese proceso, sí han hecho un esfuerzo de adaptación que debería ser tenido en cuenta y no quedar sometidas a una aproximación genérica que no valore su implicación. No se trata de poner en peligro la continuidad de la pesquería por sobreexplotación, sino de hallar el equilibrio entre una gestión responsable de la misma y la pervivencia de un sector necesario para evitar la dependencia alimentaria. No cabe perder de vista que, en el caso del Estado español, más de las dos terceras partes del pescado que se consume es ya importado. La virtud de un suministro globalizado debe compaginarse con la garantía de que la restricción al sector pesquero local no se hace en beneficio de uno ajeno con impacto superior en la vida marítima. No tendría sentido limitar la actividad de una flota actualizada, cumplidora con la protección de la biomasa, hasta llevarla al umbral de la desaparición para acabar importando pesca de flotas más dañinas. Las decisiones normativas internas de la UE deben basarse en estos factores y no en presunciones.