DURANTE un curso de verano de la UPV/EHU sobre la tortura, el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, afirmó ayer que en Euskal Herria se ha torturado también durante la democracia. Como él mismo apostilló, no se trata de una opinión de parte, sino de “una realidad objetiva, veraz, contrastada; probada social y judicialmente”. Aparte de informes rigurosos que lo atestiguan de modo irrebatible, como el elaborado por el Instituto Vasco de Criminología por encargo de Lakua (que también tuvo su correlato en un estudio específico que se presentó en el Parlamento de Nafarroa el pasado mes de febrero), hay sentencias que, pese a todas las dificultades que se ponen en los tribunales españoles, acreditan malos tratos por parte de diferentes cuerpos policiales en el periodo que señala el viceconsejero. Y, como es suficientemente conocido, son innumerables las ocasiones en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no investigar u ocultar casos de torturas.
Lo llamativo es que, frente a esa apabullante realidad, las palabras de Rodríguez Ranz hayan vuelto a despertar aceradas críticas en ciertos sectores, principalmente, de la derecha mediática y política española. Tal reacción, que, por desgracia, no resulta sorprendente, revela un gran déficit democrático y, desde luego, la nula voluntad de avanzar en el reconocimiento de todas las vulneraciones de los derechos humanos y en la reparación de sus víctimas. Lo más desazonador es que la postura negacionista tiene su fundamento en la convicción de que no todas las personas que han padecido sufrimiento merecen el mismo reconocimiento. Y eso, en la versión más favorable, pues no falta quien defiende que este tipo de prácticas fueron necesarias en la lucha contra el terrorismo de ETA. Ahí están como doloroso pero ilustrativo ejemplo las recientes palabras del exministro español de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, elogiando al general Rodríguez Galindo –condenado por su papel en la guerra sucia– y justificando las acciones de los GAL. Flaco favor a la convivencia. Pero, como expresó el viceconsejero, hay que seguir construyendo consensos básicos que alcancen a todas y cada una de las víctimas.
