Euskadi exige una respuesta sobre la red eléctrica este mismo mes
El lehendakari recuerda que el colapso actual pone en riesgo la descarbonización industrial y hasta 70.000 puestos de trabajo
El Gobierno vasco ha vuelto a mostrar su inquietud por la saturación de la red eléctrica en Euskadi tras la confirmación, por parte de las eléctricas, de que el colapso en el territorio es prácticamente total. En Araba y Bizkaia, todos los nudos están al completo, mientras que, en Gipuzkoa, el 98% no tiene capacidad disponible. Una situación que pone en riesgo la descarbonización de la industria en Euskadi y hasta 70.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
Las eléctricas ponen cifra a la saturación de la red en Euskadi: roza el 100%
En una entrevista en Onda Vasca, el lehendakari, Imanol Pradales, recordó este miércoles al Ejecutivo español el compromiso que adquirió en la comisión bilateral con Euskadi del pasado julio para dar una respuesta a este colapso a lo largo de este verano. “Creo que el verano finaliza el 21 de septiembre, estamos en la cuenta atrás, solo espero que el Gobierno cumpla con el compromiso y que en la nueva planificación que tiene que poner encima de la mesa Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica tengamos esta cuestión resuelta”, apuntó.
Lakua lleva meses esperando la nueva planificación de la red eléctrica para el periodo 2026-2031, un instrumento normativo que establece las necesidades de desarrollo de la red de transporte de electricidad en todo el Estado cada cinco años. Es decir, regula las inversiones que las distribuidoras pueden realizar en cada comunidad y fija un tope de megavatios adicionales que pueden habilitar. Euskadi ya ha calculado que el territorio necesita 6.000 MW adicionales para satisfacer sus necesidades, lo que supone incrementar en un 50% la capacidad actual, de 12.000 MW. El problema es que esta necesidad es urgente porque la insuficiencia eléctrica está paralizando proyectos de descarbonización, así como la atracción de nuevas inversiones.
“Lo que esperamos es tener una propuesta que permita no poner en riesgo más de 70.000 empleos industriales”
“Tenemos más de 117 empresas industriales hoy en Euskadi pendientes de esta cuestión, más de 70.000 puestos de trabajo pendientes de esta cuestión, y los que podrían venir si esto se solucionase, y tenemos también en juego la descarbonización de la industria. Tenemos que tener ya una respuesta por parte del Gobierno español”, exigió Pradales. El departamento de Industria, cuyo consejero se ha reunido periódicamente con responsables de Red Eléctrica y del Ministerio para la Transición Ecológica, confía en que la publicación de los mapas de capacidad de la red eléctrica por parte de las empresas desatasque finalmente esta cuestión y espera que la respuesta esté ya próxima.
El Ejecutivo español se había comprometido a dar a conocer la nueva planificación antes del verano, pero el apagón que sufrió la península el pasado abril retrasó los planes. Lakua exige ahora que esta inacción no se retrase más allá de este mes. “Nosotros solicitábamos 6.000 MW adicionales en la red, 50% más de la capacidad que tiene la red eléctrica en Euskadi y, además, dijimos que si el Gobierno español no tiene la capacidad para hacer las inversiones que esto requiere, junto con las empresas eléctricas, estamos dispuestos desde el Gobierno vasco a buscar fórmulas. Nos han dicho que no es necesario que busquemos fórmulas”, explicó ayer Pradales. “Confiemos en la respuesta, pues se acaba el verano y este es un tema muy relevante para la industria vasca de hoy y de mañana. Vamos a ser muy exigentes”, añadió.
“El verano finaliza el 21 de septiembre, estamos en la cuenta atrás; espero que el Gobierno cumpla con el compromiso”
Consecuencias
Según los cálculos del Gobierno vasco, tal y como recordó ayer Pradales, al menos 117 empresas industriales vascas van a necesitar una potencia eléctrica adicional para su proceso de descarbonización. Ya hay 23 expedientes con solicitudes que no se han podido atender “por falta de capacidad en las redes“, 14 de ellas ya implantadas y otras nueve que quieren ubicarse en Euskadi en los próximos años. Y esto tiene un impacto en el empleo. Si no se amplían las redes eléctricas, Lakua asegura que están en juego 70.000 puestos de trabajo, de los que 34.500 son directos y el resto, inducidos. Gipuzkoa sería el territorio más afectado, con 13.575 puestos de trabajo, seguido de Bizkaia, con 10.858, y de Araba, con 10.080. “Lo que esperamos es tener una propuesta que permita no poner en riesgo más de 70.000 empleos industriales en Euskadi, no poner en riesgo la desacarbonización de la industria y no poner en riesgo el conjunto de inversiones que están pendientes de llevarse a cabo en la industria de Euskadi porque falta esa conexión eléctrica”, reiteró el lehendakari. La alarma en el sector es máxima, porque implica un envejecimiento forzoso de la industria vasca, lastra su competitividad y frena el crecimiento económico.
Información
Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP –dueñas de la red de media y baja tensión– publicaron el martes el mapa de la capacidad disponible en cada nudo de la red y la información vino a confirmar lo que el Gobierno vasco y las empresas industriales llevan tiempo alertando. Los datos que ahora se conocen son clave para dimensionar la saturación real del sistema y evidencia un colapso sin precedentes. En el Estado español es del 83,4%, pero la situación es todavía peor en Euskadi, donde roza el 100% y pone en aprietos a su industria, que es muy electrointensiva.
Según las eléctricas, la solución pasa por reforzar y digitalizar la red de distribución, elevar los límites de inversión y adoptar mecanismos ágiles para liberar capacidad allí donde la demanda lo requiera. Por ejemplo, la empresa distribuidora –que en el caso de Euskadi es i-DE, de Iberdrola–, cuenta con capacidad financiera y tecnológica para hacer las inversiones necesarias, pero lo que no tiene es autorización para ampliar la red. Eso lo tiene que autorizar el Gobierno español en la planificación de 2026-2031. El PNV logró incluir algunas de estas medidas en el decreto antiapagones, pero al no ser convalidado por el Congreso, quedaron sin efecto.
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