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Las viviendas turísticas se reducen un 0,1% en Euskadi y rozan las 5.500

Según el INE, la CAV cuenta con un total de 5.467 viviendas viviendas de uso turístico que se concentran principalmente en Bizkaia (2.683) y en Gipuzkoa (2.236)

Las viviendas turísticas se reducen un 0,1% en Euskadi y rozan las 5.500EP

Euskadi tiene 5.467 viviendas turísticas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a mayo, un 0,1 % menos que las registradas en la anterior encuesta de noviembre, y se concentran principalmente en Bizkaia (2.683) y en Gipuzkoa (2.236).

Solo tres comunidades autónomas (Andalucía, Comunidad Valenciana y Catalunya) copan –con un total de 216.217– más de la mitad de todas las viviendas turísticas que se estima que hay en el Estado y Málaga es la provincia que más tiene, cerca de 50.000 unidades.

Si se añaden a estas tres comunidades las Islas Baleares y las Canarias, un total de cinco comunidades aglutinan casi el 80 % de todas las viviendas turísticas que hay en el Estado, según la estadística experimental que elabora el INE con los últimos datos de mayo.

A nivel estatal, los datos arrojan 381.837 viviendas turísticas, 5.374 más que las que daba el INE en su anterior oleada, de noviembre. El dato más alto que se ha alcanzado desde que hay registros para esta estadística se dio en agosto de 2024, con 403.267 viviendas turísticas.

Andalucía lidera con más de 96.000

Andalucía es la comunidad autónoma con más viviendas turísticas, 96.176, un 6,4 % más que en la anterior edición y el dato más alto de su serie histórica.

Las subidas se extendieron a todas las provincias. El número más elevado lo marcó Málaga, con 48.412 viviendas turísticas (6,3 % más y también su registro más elevado), seguida de Cádiz, con 16.624 (9 % más).

La Comunitat Valenciana es la segunda con más viviendas turísticas, 63.190, un 2,4 % menos. Destaca Alicante con 40.273.

Catalunya se sitúa en tercer lugar con 56.851 viviendas para fines turísticos, un 7,5 % más que en la estadística previa. A la cabeza se sitúan Girona (22.998) y Barcelona (18.113).

A continuación se encuentra Canarias, con 50.686, el 1,1 % menos. Tanto en Las Palmas (27.038) como en Santa Cruz de Tenerife (23.648) los datos se encuentran entre los más altos del país. En Baleares, por su parte, hay 24.361 viviendas turísticas, según el INE, el 0,7 % más.

Galicia tiene casi 20.000 pisos turísticos (19.996, el 1,6 % más), siendo Pontevedra (8.985) la provincia gallega con mayor cantidad.

En la Comunidad de Madrid hay 18.555, el 4,5 % menos y en Castilla y León 8.221, el 0,3 % menos, con León (1.537), Salamanca (1.410) y Ávila (1.327) con el mayor número de viviendas turísticas..

La lista la completan Murcia (7.939, el 5 % menos); Cantabria (7.698, el 2,7 % más); Asturias (7.697, el 0,6 % más) y Euskadi (5.467, un 0,1 % menos), siendo Bizkaia (2.863) y Gipuzkoa (2.236) las de mayor incidencia.

Tras ellas está Castilla-La Mancha (5.224, 0,3 % menos) con Toledo liderando (1.668); Aragón (4.643, el 4,5 % menos) con Huesca (2.573) encabezando; Extremadura (2.005, el 1,3 % menos) siendo Cáceres (1.348) la de mayor número; Nafarroa (1.672, 0,4 % menos); La Rioja (1.360, 1,4 % menos); Ceuta (55, 3,5 % menos) y Melilla (41, 18 % menos).

Málaga y Alicante, más de 40.000

Por provincias, Málaga (48.412 viviendas turísticas) y Alicante (40.273) destacan entre todas ellas, seguida de Las Palmas (27.038); Baleares (24.361); Santa Cruz de Tenerife (23.648); Girona (22.998); Madrid (18.555); Barcelona (18.113); Cádiz (16.624); Valencia (15.258); Tarragona (13.015); Pontevedra (8.985) y Sevilla (8.719).

El Gobierno español ha puesto en marcha un registro único de alquileres de corta duración (turísticos, de habitaciones, temporales, etc.) que exige la obtención de un código por parte de los Registradores para poder operar legalmente y comercializar estos alquileres en las plataformas digitales.

Con este registro se busca atajar el fraude en estas modalidades y los pisos turísticos ilegales. Todo ello en un contexto marcado por la crisis de vivienda que vive el Estado ante la falta de oferta para atender a una demanda creciente, la consecuente escalada de los precios y las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes y los más vulnerables.