Los tractores volvieron ayer martes a las calles de Euskadi y lo hicieron con motivo de la celebración del VIII Conferencia Mundial de Agricultura Familiar, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos Europa de Gasteiz organizada por el Foro Rural Mundial. Las organizaciones sindicales de Euskadi (EHNE-Gipuzkoa, EHNE-Nafarroa, ENBA-Bizkaia, ENBA-Gipuzkoa y UAGA) aprovecharon esta ocasión para trasladar una docena de reivindicaciones al Gobierno español. El sector demandó endurecer la Ley de Cadena Alimentaria, “implementando una serie de estudios de costes de producción, con carácter trimestral y ajustado a la realidad de cada territorio, que abarque tanto los principales productos o grupos de productos, que recoja los costes de producción del conjunto de la cadena ampliando el foco a la faceta transformadora-industrial y a la faceta comercial-distribución”.
Asimismo, solicitó “aumentar el número de inspecciones sobre la existencia de contratos de compraventa en todos los productos, el cumplimiento de los plazos de pago en los productos frescos y erradicar la práctica de aplicar descuentos injustificados y sin base objetiva, por parte de algunas cadenas de distribución a productores y Pymes agroalimentarias”. Dentro de este apartado, también pidió “preservar el patrimonio vitivinícola y promover el relevo generacional”.
“Solo así podremos asegurar la viabilidad económica y cultural de nuestro territorio, defendiendo el derecho de los trabajadores a vivir dignamente del fruto de su labor. Dando así futuro al territorio y a poder vivir dignamente en él”, expuso Edurne Basterra, presidenta de la UAGA, que se encargó de leer el manifiesto frente al Palacio Europa. Por otra parte, el sector agrario vasco demandó al Gobierno estatal “impulsar una Ley de Agricultura Familiar, respetuosa con los diferentes territorios, que proteja el sistema productivo de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, tan habituales en Euskadi y Navarra como en el resto de la cornisa cantábrica”.
“Una regulación que ampare el modelo de agricultura familiar que aúna la faceta productiva y económica con las facetas medioambientales y sociales, al estar diseminada por todo el territorio y ser una garantía para el mantenimiento del tejido rural de amplios territorios”, apuntó Basterra.
Fertilización sostenible
Otra de las exigencias fue la eliminación del BCAM 10, que regula el estiércol y los purines. Las BCAM (siglas de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales) son un conjunto de normas que los agricultores y ganaderos deben cumplir para recibir las ayudas de la PAC y, en este caso, la BCAM 10 regula la fertilización sostenible y tiene el objetivo principal de proteger los cursos fluviales contra la contaminación, así como preservar el potencial del suelo. “Consideramos coherente nuestra propuesta dado que Euskadi y norte de Navarra, al igual que el conjunto de la Cornisa Cantábrica, es la región que mejor calidad del agua tiene de todo el estado. Las zonas sensibles o contaminadas por nitratos y fosfatos en el estado español se sitúan en comarcas con ganadería intensiva, lejos del modelo de producción de nuestro territorio”, apuntó Basterra al respecto.
Los agricultores también demandaron “no ubicar las energías renovables en terrenos con Categoría Agroganadera de Alto Valor Estratégico, ante el suelo de uso agrícola y ganadero, así como en terrenos maquinables de pendiente ligera”. “Se debe priorizar la ubicación de estas infraestructuras en suelos improductivos o cubiertas de edificios, de forma que la actividad que produce alimentos no se vea afectada. Pedimos protección de tierra agrícola”, solicitaron.
También reclamaron “la simplificación de toda la maraña normativa” aprobada en los últimos años que ha incrementado la carga burocrática a los productores, especialmente a la ganadería familiar. En este sentido, demandaron “eliminar las fotos georreferenciadas en el sistema de las ayudas directas PAC, incrementar hasta los 3.000 euros el umbral para que el perceptor sea considerado pequeño agricultor y eximir del control de la condicionalidad a las explotaciones menores de 10 hectáreas”, así como “instaurar el carácter voluntario en la aplicación del cuaderno digital, frente a la obligatoriedad plasmada en la actual normativa”.
El lobo
Además, en sintonía con lo propuesto hace un mes por el Gobierno vasco, reclamaron sacar al lobo del listado Lespre –Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas–, con el objetivo de que pase de la categoría de Especial Protección a simplemente Protegido. “Reclamamos la inmediata transferencia de la competencia de seguros agrarios a los Gobiernos vasco y al Gobierno de Navarra por tener la competencia de agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía, como la mejor vía para adaptar las características del seguro a nuestras producciones y a nuestra peculiar política de marcas de calidad”, agregaron.
Por último, el sector primario exigió “priorizar y poner en valor el producto local” y “paralizar los acuerdos de libre comercio internacional con terceros países que abren las puertas a una competencia desleal”. Tras la lectura del manifiesto, los agricultores se dirigieron a la sede de la Delegación del Gobierno en Euskadi, donde se reunieron con la nueva delegada, Marisol Garmendia, para trasladarle todas sus reivindicaciones.
