La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó ayer jueves que el Gobierno español negociará con la Comisión Europea la futura reforma fiscal, cuyas medidas tendrán que ser “compatibles” con el entorno de crisis energética e inflación.
En una entrevista con la agencia Efe, Montero explicó que hay reuniones previstas a lo largo del próximo trimestre “para trabajar conjuntamente con la Unión Europea aquellas medidas que sean compatibles con la situación que vive el conjunto de Europa” sin suponer un “esfuerzo añadido” a las familias.
El Gobierno de Sánchez se había comprometido en el Plan de Recuperación a implementar una reforma fiscal en la primera parte de 2023 que siguiera las recomendaciones del grupo de expertos –que apuntaban especialmente al transporte y la energía–, pero esta se ha ido retrasando ante el nuevo entorno económico derivado de la guerra.
“Había que acomodar la reforma fiscal a la coyuntura en cada momento”, justificó, porque “no tiene sentido incrementar la fiscalidad sobre determinados combustibles cuando estamos practicando una bonificación”.
Ahora, Montero aclara que negociará con Bruselas cómo se va a cumplir ese hito, lo que pasa por medidas que no entren en “contradicción” con los objetivos de lograr un crecimiento económico sostenible, “y por tanto verde”, así como una mayor justicia social, rebajando la brecha de recaudación con otros países europeos.
El cumplimiento de todos los hitos del Plan de Recuperación es imprescindible para que la Comisión autorice los desembolsos, que en el caso del primer semestre de 2023 –donde se enmarca el compromiso de la reforma fiscal– asciende a 7.000 millones de euros.
Las medidas no serán solo recaudatorias, alertó la ministra, sino que tendrán el “afán” de modificar conductas industriales y personales, así como alinear el impuesto de sociedades con la directiva europea.
En cualquier caso, precisó que si, ”ojalá”, la situación económica mejora, la intención del Ejecutivo es abordar el próximo ejercicio otras medidas, como “una fiscalidad medioambiental disuasoria de la utilización de combustibles fósiles” y que fomente las renovables.
Impuestos a la banca y las energéticas
Con respecto a los nuevos impuestos para banca y energéticas, la ministra se mostró confiada en la “solvencia técnica y experta” de la ley para hacer frente a los recursos que ya han avanzado las empresas. “Era de esperar que aquellos llamados a hacer una mayor contribución a las arcas públicas no aplaudieran la medida”, apuntó.
Montero confía en sacar adelante la medida en el Congreso con los socios habituales del Gobierno, donde ha generado “bastante consenso”, aunque se ha mostrado abierta a negociar modificaciones.
