Los sindicatos CCOO, LAB, STEILAS, HIRU, CNT Y CGT denunciaron ayer jueves que los juicios contra huelguistas durante varios conflictos laborales son un intento de "criminalizar" la lucha sindical y el derecho de huelga. Asimismo creen que esa criminalización "no es casual" sino consecuencia de "una decisión política".

Estos sindicatos hicieron público este escrito conjunto bajo el título La lucha no es delito durante la concentración que trabajadores denunciados en diferentes conflictos ocurridos en los últimos meses (Metal de Bizkaia, Tubacex, PCB o Petronor) han llevado a cabo ante la sede del Gobierno vasco en Bilbao. El colectivo de trabajadores Salatutako Langileak leyó un escrito durante la comparecencia pública en el que, tras conocer los encausamientos de trabajadores acusados de provocar incidentes durante diversos conflictos laborales, emplazan al Gobierno vasco a que pusiera fin a "su estrategia de alineación con la patronal".

Además, pidieron al Ejecutivo que optara por "respetar el derecho a la movilización y la huelga de la clase trabajadora", apostando por abordar este tipo de situaciones "a través del dialogo y la negociación". Sin embargo, meses después, se han encontrado con "una clara falta de voluntad para dar la vuelta a esta situación y de la solicitud para un encuentro con la Consejería de Seguridad e Interior tan solo cabe decir que ni tan siquiera nos han respondido", lamentaron.

Ante estas evidencias, el colectivo tiene "claro" que deben continuar haciendo extensiva la necesidad de posicionarse en contra de este tipo de actuaciones ya que, "sería un error dar por asumidas las amenazas, sanciones y acciones judiciales" contra estos trabajadores. A su juicio, el objetivo de estas aperturas de causas judiciales, "no solo pretende obstaculizar el presente, sino condenar a un futuro incierto a las próximas generaciones".

Por todo ello, estos trabajadores hicieron un llamamiento a participar en la concentración que realizarán el próximo martes 7 de Junio frente a los juzgados de Berroeta Aldamar, en Bilbao para "denunciar y exigir al Gobierno vasco la retirada de las acusaciones contra dos huelgistas", encausados en el contexto de la lucha por el convenio del Metal de Bizkaia y para los que se piden 23 meses de condena para cada uno de ellos.

A su vez, los sindicatos, en su escrito, recordaron que esta situación es consecuencia de varios conflictos laborales (Metal de Bizkaia, Tubacex, PCB, Petronor, Artiach o Alconza) en los que han sido "numerosos" los trabajadores "apaleados, imputados y sancionados" con multas económicas, con algunos de ellos, a la espera de juicio con peticiones de penas de cárcel "muy altas".

Ante esta situación, los sindicatos firmantes denunciaron que, tras todas estas acusaciones, se esconde un intento de "criminalizar la lucha de la clase trabajadora, el sindicalismo, el derecho de huelga y en definitiva, "criminalizar cualquier intento de lucha en defensa de unas condiciones de trabajo y de vida dignas".

Desde su perspectiva, este intento de criminalización "no es casual" sino consecuencia de "una decisión política" que ha venido de la mano de las instituciones, especialmente, del Gobierno vasco, por las denuncias de la Ertzaintza.