El pleno del Parlamento Vasco aprobará la Proposición de Ley del Sector Público Vasco el próximo 12 de mayo después de que este lunes la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad haya dado luz verde al dictamen de la norma.
El texto supera así su penúltimo trámite parlamentario gracias a los votos de los grupos que sustentan al Gobierno, PNV y PSE, que cuentan con mayoría en la Cámara y que fueron los que impulsaron la ley con el objetivo de agilizar los trámites, ya que estos son más largos si la iniciativa parte del Ejecutivo.
El dictamen ha contado además con la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, grupos con los que jeltzales s y socialistas han pactado varias enmiendas, mientras que PP+Cs ha votado en contra. La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha participado en la comisión.
Aunque los representantes de los distintos partidos han dejado el grueso de sus "valoraciones políticas" sobre la ley para el pleno de su aprobación, Luis Gordillo (PP+Cs) sí ha considerado que se ha "perdido una oportunidad para hacer una ley moderna".
Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha admitido que no es el texto que hubiera elaborado su grupo, aunque se abstendrán tras haberse admitido algunas de sus enmiendas. En la misma línea la parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo ha avanzado que su grupo se abstendrá cuando se vote en pleno "el cuerpo de la ley".
Desde los grupos proponentes, Estíbaliz Larrauri (PNV) ha considerado que se trata de una norma "necesaria para modernizar la Administración" y Miren Gallastegui (PSE) ha valorado que el "debate enriquecedor" ha permitido incorporar propuestas de la oposición.
Este proyecto normativo busca convertirse en la "ley de cabecera" que organice el conjunto de normas que estructuran este sector con el objetivo de corregir "disfunciones y contradicciones".
En el texto se reconocen las fórmulas de atención a la ciudadanía y participación de la misma (la administración electrónica), se pone el acento en los procesos de evaluación de la gestión, y se introducen nuevas medidas en favor de la eficacia y eficiencia.
Así, se contempla una evaluación sobre la racionalidad de la organización actual que concluya con una propuesta de simplificación de la estructura existente.
Además, se amplían las funciones del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales para que estudie y elabore propuestas sobre posibles "ineficiencias, solapamientos y duplicidades" entre niveles institucionales.
Con esta ley se pretende completar el camino emprendido con la aprobación por unanimidad de la ley reguladora del código de conducta del cargo público y de su régimen de incompatibilidades, al que le ha seguido el proyecto de ley de transparencia, presentado este año.
