El Gobierno español acordó ayer lunes con las principales organizaciones empresariales del sector del transporte ayudas directas en forma de bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas. Pero no ha evitado que los camioneros sigan en pie de guerra. Varias patronales, entre ellas Fenadismer, decidieron parar a partir de hoy, tal y como hacen desde hace ocho días los pequeños transportistas, ante la falta de concreción en las ayudas prometidas YWE lunes por el Gobierno, según fuentes del sector.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, hizo el anuncio tras mantener una reunión con representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que representa al 80% de empresas del sector. La principal medida acordada es la aplicación de mayores bonificaciones por medio del denominado gasóleo profesional, que es la bonificación fiscal que el sector del transporte puede aplicar al Impuesto de Hidrocarburos.

Estas negociaciones se producen al margen del paro indefinido de transportistas convocado por una asociación minoritaria del sector que no tiene representación en el CNTC, pero que ha ocasionado una alta incidencia en el suministro de bienes por la presión hecha en las carreteras y contra conductores asalariados, quienes, al no ser una huelga, no estaban llamados al paro. Este grupo, englobado en la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, respondió comunicando que mantiene el paro que desde hace ocho días azota a la cadena de suministro. "Mientras el Ministerio de Transportes no acuerde y firme con nosotros, esto no va a cesar", dijo su presidente, Manuel Hernández. La ministra se refirió a la Plataforma como una "minoría" de personas dentro de paro de transportistas que han actuado con "violencia y coacciones", e instó a los camioneros a salir a trabajar, porque el Gobierno "estará con ellos para defender su seguridad e intereses".

Raquel Sánchez señaló que la rebaja de impuestos a los carburantes o del IVA, como ha pedido la oposición, no es una opción, puesto que la fiscalidad ya es "la más baja que permite la normativa europea" y que no iba a tener efecto, puesto que los profesionales ya se pueden aplicar una deducción del IVA.

La reducción del precio del gasóleo se aplicará a partir de la entrada en vigor del real decreto-ley, que se aprobará el próximo 29 de marzo, en línea con lo anunciado en otros países europeos y concretamente siguiendo un modelo similar al de Francia. La cuantía específica de la bonificación únicamente podrá concretarse tras el Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25.

En el modelo francés, una parte de la bonificación en el precio es sustentada por el presupuesto público y otra corre a cargo de las distribuidoras o comercializadoras. El plan lanzado por el Gobierno francés está dotado con 400 millones de euros y beneficiará a 520.000 vehículos.

PLAN FRANCÉS

Esa ayuda fue acordada el pasado viernes con asociaciones de transportistas y sirvió para desconvocar la huelga prevista, que pese a su anulación no evitó ayer protestas aisladas de camioneros, taxistas y pescadores.

Los 400 millones reforzarán la tesorería de las empresas en función de un baremo por el que cada autocar recibirá 1.000 euros y los camiones, según el tonelaje, entre 400 euros para los de menos de 7,5 toneladas y 1.300 para los articulados con remolque. A las furgonetas, ambulancias y otros vehículos sanitarios se les atribuirán 300 euros.

Ese dispositivo se suma a otro que supondrá una rebaja en las gasolineras de 15 céntimos de euro por litro de carburante para todos los conductores. Las medidas presentadas en Francia contra la inflación de los precios de la energía se elevan a 26.000 millones de euros.