Los sindicatos ELA y LAB han reclamado incrementos salariales por encima del IPC en la negociación del convenio del Metal de Bizkaia, que afecta a casi 50.000 trabajadores y el más grande de Euskal Herria. Ayer martes se celebró la segunda reunión de la mesa negociadora de este convenio, en la que los sindicatos presentaron sus plataformas reivindicativas, en un momento económico de elevada inflación.

ELA, que en un comunicado censuró que la patronal no haya planteado propuesta alguna, reclamó un convenio de dos años de vigencia (2022-2023), que incluya incrementos salariales equivalentes al IPC más un 4%. También demandó fijar un salario mínimo en el sector de 23.000 euros brutos, así como introducir garantías para que las empresas no incumplan el convenio y medidas contra la precariedad (subrogación en todos los supuestos, limitación a la subcontratación...), entre otras.

Pide, asimismo, una jornada anual de 1.656 horas, que las mutuas no puedan gestionar las bajas de enfermedad común y medidas para evitar despidos colectivos, así como actuaciones en contra de la discriminación hacia las mujeres, entre ellas, que el 50% de las contrataciones sean para ellas. ELA señaló que su objetivo en la negociación es “repartir de forma justa la riqueza que se genera en el sector, eliminar la precariedad, generar nuevos derechos y establecer medidas contra la discriminación que sufren las mujeres en el metal de Bizkaia”.

También el sindicato LAB indicó en una nota que su objetivo pasa por garantizar “un reparto justo de la riqueza” y “dignificar” las condiciones laborales del sector.

Según argumentó, la negociación se va a abordar en un escenario de crecimiento económico y de gran creación de empleo, por lo que “no hay excusas para que en este convenio no haya un reparto justo de la riqueza generada y para lograr que se dignifiquen” las condiciones laborales.

La central presentó una plataforma reivindicativa con una vigencia de dos años, en la que propone subir los salarios por encima del IPC, reducir la jornada laboral y establecer el derecho de subrogación para todas las actividades subcontratadas