La adaptación de las empresas ante la 'ley Rider' despierta suspicacias

La norma entra en vigor mañana bajo la premisa de dejar de utilizar autónomos como repartidores

11.08.2021 | 00:14
Un repartidor a domicilio lleva una entrega.

Las empresas de reparto a domicilio se preparan para adaptarse a la ley Rider, que entra en vigor mañana jueves bajo la premisa de obligarlas a dejar de utilizar autónomos como repartidores y que pasen a ser asalariados, aunque las diferentes fórmulas planteadas por los operadores suscitan dudas en el plano legal.

La primera en comunicar su propuesta fue Glovo, que a finales de julio informó de que prevé mantener a cerca de un 80% de sus repartidores actuales en el Estado como autónomos bajo un nuevo modelo de relación que, en su opinión, se ajusta a la normativa. Sus planes incluyen en una primera fase la contratación directa como empleados de 2.000 repartidores antes de finalizar 2021, lo que equivale a cerca de un 20% del total. La firma defiende que bajo ese nuevo modelo con el que operará, el 80% de su flota podrá justificar que no existe dependencia laboral y que se cumplen con todos los criterios recogidos en la ley a la hora de definir el trabajo autónomo.

También a finales de julio, Deliveroo anunció su intención de cerrar su actividad en el Estado con la apertura de un proceso de despido colectivo que afectará a 3.781 personas entre personal de oficina y repartidores; a estos últimos, la compañía pretende darles de alta en la Seguridad Social. No obstante, por el momento se desconocen detalles relevantes, como la fecha en la que darán de alta a sus repartidores, clave para calcular la indemnización a cobrar.

Ubereats, por su parte, ya ha enviado un mensaje a sus repartidores en el que les informa de que no adjudicará pedidos a aquellos que sigan siendo autónomos, y de momento utilizará a terceros para subcontratar a los repartidores. Mientras, Just Eat ya negocia con CCOO y UGT un convenio laboral para sus repartidores.

Las soluciones ideadas por las plataformas despiertan suspicacias entre asociaciones de repartidores, que ya advierten de que la subcontratación de sus servicios a través de terceros puede suponer una "cesión ilegal de trabajadores". El portavoz del movimiento Repartidores Unidos, Gustavo Gaviria, ha lamentado los "contratos temporales y precarios" que están ofreciendo las plataformas que optan por convertirles en asalariados, y el representante de Riders x Derechos, Daniel Gutiérrez, ha insistido en que la subcontratación se limita legalmente "a momentos puntuales y no de forma estructural", e incluso ya existen "denuncias" al respecto.

noticias de deia