Los trabajadores del Igualatorio se movilizarán a partir de ahora todos los miércoles para intentar frenar "la venta" de la compañía a un accionista externo. Con la vista puesta en la junta de accionistas que se celebrará previsiblemente en mayo, la plantilla ha decidido presionar para mantener el actual modelo en el que los médicos son propietarios de la compañía y, ante el temor de que sus condiciones laborales e incluso sus puestos de trabajo corran peligro, se sitúan en primera línea de la batalla por el control de la compañía.

El choque entre accionistas, protagonizado por la Plataforma de Accionistas del Igualatorio (PAI), que promueve la venta al mejor postor de las acciones, y la Asociación en Defensa del Modelo de Igualatorio (Ademi), que quiere mantener el esquema actual, es total. El consejo de la compañía se sumó a finales del año pasado a las peticiones de la PAI y la mayoría de los socios (58%) dieron luz verde a la búsqueda de un acuerdo con una aseguradora para abrir el accionariado. La plantilla tiene claro que ese rumbo va tanto en contra de sus intereses como de los de la compañía y ha tomado la decisión de visibilizar su rechazo.

oposición de la plantilla

La primera concentración, que se llevará a cabo semanalmente ante la sede de Máximo Aguirre, tendrá lugar el próximo viernes para cumplir con los plazos de preaviso que exige la ley. A partir de la semana que viene, la movilización se desarrollará cada miércoles a las puertas del IMQ, que afronta las próximas semanas un envite histórico: mantener el actual esquema empresarial o dar un salto a un escenario en el que la propiedad dejaría de estar en manos de los médicos. Esa batalla, que se libra en los pasillos de la compañía entre los profesionales que han reforzado el proyecto en los últimos años tras superar una situación muy compleja, dibuja un contexto muy cercano al de una guerra civil.

Justo en medio, los trabajadores atisban un futuro muy incierto y han tomado la decisión de moverse para evitar una nueva estructura empresarial en la que SegurCaixa Adeslas tenga el control.

En ese escenario, los trabajadores celebraron el martes de la semana pasada una asamblea en la que se tomó la decisión de dar un paso al frente. La plantilla valoró las "últimas informaciones sobre el conflicto del Montepío", que se ha convertido en un dique por su capacidad de veto a la entrada de un socio externo en el accionariado, y la "posible venta" de la empresa. La asamblea acordó dar inicio a una serie de concentraciones de 15 minutos cada miércoles, con la excepción de la de esta semana, hasta que los accionistas tomen una decisión.

Entre los argumentos para la movilización, el comité de empresa señala una serie de riesgos: Pérdida de puestos de trabajo, ajustes salariales a la baja o externalización de departamentos localizados en IMQ.

"Por todas estas cuestiones, en defensa de nuestros derechos y porque con nuestro futuro no se juega, hacemos un llamamiento a todo el personal del Grupo IMQ a que secunde masivamente las concentraciones acordadas", señala el comunicado interno del comité a los trabajadores, firmado por ELA y Comisiones Obreras.

Cualquier operación de venta de acciones a terceros, en este caso Adeslas, deberá contar con el respaldo de la junta de accionistas de mayo. La batalla entre socios es abierta y el resultado incierto.

aportación a la epsv

1,5 millones de euros. El consejo del Igualatorio Médico Quirúrgico ha aprobado esta semana el abono de 1,5 millones de euros al Montepío de la compañía, el gestor del fondo de pensiones de la mitad de los médicos propietarios y de 141 empleados. La EPSV reclamaba 2,4 millones.

Negociación con Adeslas. El consejo de administración del Igualatorio está negociando en estos momentos una operación de compra masiva de acciones por parte de Adeslas, la aseguradora de Caixabank y la Mutua Madrileña.

Precio de mercado. Los promotores de la liberalización de las acciones admiten que su objetivo es sacar la máxima rentabilidad a su participación y se limitan a plantear un arraigo temporal de la compañía a Bizkaia. La plantilla teme una oleada de despidos y de ajuste de condiciones laborales.