La salud financiera de Euskadi y su buena imagen entre los inversores, permitió ayer al Gobierno vasco emitir y colocar su tercer bono sostenible con una demanda siete veces superior a la oferta. De modo que la caja de Lakua ingresó 500 millones de euros, que tienen como destino “financiar gastos urgentes” derivados de la crisis generada por el coronavirus. El primer frente al que se asistirá será el sanitario, pero el dinero se desviará también hacia otras cuestiones urgentes, como el apoyo a las familias más necesitadas y emergencias sociales.
Se refuerza así el escudo contra la pandemia, cuyas consecuencias son toda una incógnita, pero que obligará a la Administración vasca a hacer un notable esfuerzo financiero y además muy concentrado en los próximos meses para levantar el país.
El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, compareció en rueda de prensa vía telemática para presentar esta tercera emisión del Bono Sostenible Euskadi, a la que acudieron 120 inversores de 17 países. Se trata del tercer bono de estas características que emite el Ejecutivo autonómico en los dos últimos años. En la primera ocasión la emisión también fue por 500 millones de euros, mientras que en 2019 se incrementó a 600 millones de euros.
Este tipo de deuda está destinada a captar fondos para financiar proyectos ligados a la economía sostenible, y el 81% tendrá como destino actuaciones de ámbito social.
Finalmente, el bono se colocó a partes iguales entre inversores internacionales y estatales y vascos. El cupón resultante de la emisión es del 0,85%, con un spread (la diferencia entre el precio de la oferta y la demanda) de 25 puntos básicos, cuando el propio Tesoro emitió el pasado martes a 7 años con uno de 18 puntos básicos, recordó el Ejecutivo vasco.
Los inversores son mayoritariamente (49%) bancos, fondos de inversión (36%), entidades del sector seguros y fondos de pensiones (6%), entidades oficiales y bancos centrales (5%) y otras entidades (4%).
Entre las políticas públicas incluidas en el marco de la emisión, el consejero explicó que hay 130 millones dirigidos al ámbito de la salud, como financiación de farmacia y expansión de hospitales y centros de salud, y 225 millones enfocados a políticas sociales, como asistencia de emergencias sociales, programas de apoyo a las familias, además de proyectos de educación y vivienda.
Preguntado por la cantidad concreta que podría ir destinada a combatir el coronavirus, el consejero precisó que “el dinero se va a emplear en aquellas cuestiones que sean urgentes y prioritarias”. “En este momento los recursos son necesarios para salud y se destinará lo que haga falta”, añadió.
El marco del Bono Sostenible Euskadi recoge también acciones en cuestiones medioambientales, como energía renovable, transporte sostenible, prevención y control de la contaminación ambiental o gestión sostenible del agua y las aguas residuales. A este tipo de cuestiones se destinará un 19% de los fondos captados.
Azpiazu explicó que ha sido “llamativa” la demanda internacional que han recibido, ya que mostraron interés inversores de una quincena de países. Las entidades que operaron con el Bono Sostenible fueron BBVA, Banco Santander, Caixabank, Natixis y Nomura.
El límite de autorización de endeudamiento de la Ley de Presupuestos asciende, según recordó Azpiazu, a un importe máximo de 857,9 millones de euros. Con esta emisión y la previsión de acogerse en fechas próximas a un préstamo del BEI por 140 millones de euros, “se habrá llevado a cabo la mayor parte del plan de endeudamiento, que podrá completarse no obstante con alguna otra operación dentro de los límites fijados”, añadió.
El consejero también indicó que a medida que avance el año y en función de cómo se desarrolle la coyuntura económica tras el covid-19, se decidirá si realizar más operaciones o no, y cuáles.
El Gobierno vasco recordó que tanto en 2018 como en 2019 la emisión de este bono fue “muy positiva”. En la primera, se recibió una demanda que triplicó la oferta. Más de 100 inversores solicitaron 1.583 millones de euros, con peticiones de 13 países. En 2019, se recibió una demanda que cuadruplicó la oferta. Más de 140 inversores, 30 más que en 2018, solicitaron 2.508 millones de euros, llegando en esta ocasión a 19 países, 6 más que en 2018. En esta ocasión el interés ha sido todavía mayor, ya que se multiplicó por siete la oferta.
