bilbao - La nueva ley de hipotecas entrará en vigor en junio después de que saliera publicada en el BOE el pasado mes de marzo. Es un cambio legislativo al que España está obligada por normativa europea pero que ha tardado demasiado en llegar. En concreto, la legislación española debería haber incluido las nuevas normas comunitarias sobre hipotecas antes de marzo de 2016, motivo por el que la Justicia europea ha pedido que se condene a España a pagar una multa de unos 80 millones de euros por el retraso, 106.000 euros por día a partir del 18 de enero de 2017 como fecha de inicio de la infracción.
El caso se remonta a finales de mayo de 2016, cuando la Comisión Europea envió una primera advertencia a las autoridades españolas por no haber transpuesto al ordenamiento jurídico español las nuevas normas europeas sobre créditos hipotecarios, algo que debía haber sucedido como muy tarde el 21 de marzo de ese mismo año. Bruselas envió un segundo aviso a España en noviembre de 2016 y, después de constatar que persistía el incumplimiento, en abril de 2017 elevó el caso a la Justicia europea, a la que pide una multa diaria de 106.000 euros por dicho retraso.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Evgeni Tanchev, hizo públicas el mes pasado sus conclusiones sobre el caso, que no son vinculantes de cara a la futura sentencia del tribunal, que llegará en los próximos meses, pero que suele seguir las recomendaciones de los letrados en la mayoría de los casos.
En concreto, Tanchev propone al TUE que declare que España ha incumplido su obligación de “dar cumplimiento” a la directiva europea sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y acepta el montante de la multa propuesto por el Ejecutivo comunitario.
La Comisión había propuesto que la multa se calculase a partir de la expiración del plazo de transposición (21 de marzo de 2016), pero Tanchev ha planteado que se calcule desde la fecha del inicio de la infracción que figura en la segunda advertencia (18 de enero de 2017). - DEIA
