bilbao - Los ajustes han sacudido las plantillas de las administraciones y empresas públicas del Estado español los últimos años, pero el volumen de empleados públicos apenas ha descendido durante la crisis. Los 2,98 millones de trabajadores dependientes de la administración que había en el segundo trimestre de 2008 se han convertido en 2,93 millones seis años después, según datos del INE. En cambio, el sector privado ha perdido más de tres millones de ocupados en la crisis, de manera que el peso de la rama pública sobre el total del empleo crece de forma considerable hasta suponer casi el 17% del total.
La explicación a esta aparente contradicción entre la dureza de los recortes del gasto público aplicados por el Gobierno de Madrid y el mantenimiento del nivel de empleo se encuentra en los primeros años de la crisis, cuando la curva de la ocupación en este sector siguió subiendo a un ritmo sostenido. El punto de inflexión es el cuarto trimestre de 2011, cuando se empiezan a sentir los recortes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero iniciados en 2010. “Necesitamos los recortes para cumplir con los compromisos europeos”, dijo el entonces presidente del Gobierno español al anunciar un tijeretazo de 15.000 millones de euros para dos años con una fuerte reducción de la inversión pública y medidas tan polémicas como el recorte del 5% en el sueldo de los funcionarios o la congelación de las pensiones.
En mayo de 2010, cuando España inicia la dieta para afinar el gasto público, la administración daba trabajo a 3,17 millones de personas. La cifra siguió subiendo hasta el tercer trimestre de 2011 a pesar de las restricciones del gasto, trasladadas a comunidades autónomas y ayuntamientos. Algunos territorios optaron por apretarse el cinturón a su ritmo, caso de Extremadura y Catalunya -las autonomías con mayor y menor porcentaje de empleados públicos sobre el total de asalariados, respectivamente- que comenzaron a adelgazar la plantilla de funcionarios ya en 2010. Los datos del INE incluyen tanto a los empleados de los gobiernos autonómicos, que engloban la mayor parte del empleo público, como a los de la administración estatal y local, y tampoco distinguen entre funcionarios de carrera y personal laboral.
El empleo en el sector público en el conjunto de administraciones tocó techo en 2011 con 3,3 millones de trabajadores, casi el 18% del total de los ocupados, que ya se venían reduciendo desde 2008 por el impacto de la crisis sobre el sector privado. Desde el final de 2011, coincidiendo con la llegada de Mariano Rajoy a Moncloa, los trabajadores públicos comienzan a reducirse de manera continuada hasta bajar de tres millones en el primer trimestre de 2013, cuando comienza otra etapa de adelgazamiento más moderado. Coincidencia o no, fue en febrero del pasado año cuando el presidente de la patronal española, Joan Rosell, se refirió a un exceso de 400.000 funcionarios en España en unas polémicas declaraciones en las que afirmaba que sería más rentable para el Estado “poner un subsidio” a estos empleados antes que “tenerles en la oficina consumiendo papel”.
En el ecuador de 2014, el INE calcula que el sector público da trabajo a 2.929.500 personas. La cifra es muy próxima a la que había en el primer año de la crisis, de manera que la sangría en la empresa privada eleva el peso de la administración en el mercado de trabajo desde el 14,4% del segundo trimestre de 2008 al 16,9% del mismo periodo de este año.
menos que en europa Frente a la contundencia con la que la patronal pide adelgazar la administración, sindicatos de sectores y empresas públicas denuncian que la falta de personal les impide desarrollar su labor de forma adecuada, como recientemente han hecho la central de prisiones Acaip o los sindicatos de Correos. El peso del sector público en España, con un funcionario por cada 15 habitantes, está por debajo de la mayoría de países europeos. En Dinamarca, Suecia o Finlandia hay uno por cada 6, 7 y 8 habitantes, respectivamente, según un estudio de 2010 de la Organización Internacional del Trabajo.
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