Otra vez el Gobierno del PP anuncia "turbulencias" en el modelo público de pensiones. El sistema de reparto que sirve como procedimiento de financiación a la Seguridad Social -el dinero que cotizan los trabajadores y empleadores sirve para atender las prestaciones de los pensionistas y beneficiarios de las prestaciones por desempleo-, en momentos de crisis, de recesión económica o de crecimiento reducido, con altas tasas de paro, con inversión de la pirámide poblacional, sociedad envejecida, etc. ,conduce sin ningún género de duda a un desequilibrio entre los ingresos y las prestaciones que amenaza, en muy corto plazo, a un colapso en las finanzas del sistema público de pensiones.

El déficit anual de la Seguridad Social va a obligar y obligará, antes o después, como primer paso a echar mano de la hucha de las pensiones, y vender parte de la misma que se ha ido generando estos últimos años, para luego poco después congelar las pensiones y posteriormente reducirlas con más exigentes cambios en el procedimiento para su cálculo. Ya está anunciada otra reforma, sin haber entrado en vigor la aprobada el año pasado por el Gobierno socialista.

Habrá que estar atentos, sobre los efectos que se vayan a producir, a la hora de vender el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, debido al criterio de valoración aplicado en el mismo.

Con una tasa interna de rentabilidad media de adquisición de los activos públicos, que conforman el citado Fondo, del 3,94% al 31 de diciembre de 2011, viendo cómo está evolucionando la cotización de la deuda pública española, y teniendo en cuenta que casi el 90% del Fondo está invertido en deuda soberana emitida por el Gobierno del Estado, las pérdidas por valoración de las ventas podrían superar los 10.000 millones de euros.

Con la subida de la rentabilidad de la deuda española que se está produciendo, debido al escaso índice de confianza que ofrece al mercado el Reino de España, la cotización o el precio de la misma ha bajado de forma considerable, llevando consigo un recorte en el valor patrimonial de los títulos de la deuda española. De esta forma, si hubiera que vender estos títulos, para pagar las pensiones, generaría la pérdida comentada anteriormente.

En este momento el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con una cuantía cercana a los 70.000 millones de euros, y que únicamente se nutre de los intereses de la deuda, y de los excedentes producidos en la gestión de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya que no hay transferencias procedentes de las cotizaciones excedentarias de la Seguridad Social, se valora a precio de adquisición de los activos financieros que lo componen.

Este criterio de valoración se utiliza ya que se estimó que la Seguridad Social no iba a tener necesidad de vender la deuda antes de su vencimiento (gestión de forma pasiva), pero al no ser así, y tener que recurrir a ello para poder atender los pagos mensuales de los pensionistas y beneficiarios del desempleo, ello va a ocasionar pérdidas al colectivo de cotizantes y perceptores de prestaciones.

Toda esta situación, además, crearía mayores problemas y preocupaciones si hubiera un rescate parcial o un default total de España, y por lo tanto de su deuda pública.

Las entidades financieras rescatadas por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) han acudido en auxilio del Tesoro español, y se han convertido en las grandes compradoras de deuda pública española, junto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según el Banco de España, a junio de 2012, los bancos y cajas de ahorros nacionalizadas incrementaron en un 80% sus posiciones en deuda pública española en el año 2011, mientras los inversores extranjeros han ido reduciendo la misma pasando de representar el 50,48% al cierre del ejercicio pasado, al 35,24%.

Esto es lo más parecido a un círculo vicioso por el cual el Estado rescata a ciertas entidades financieras, y a organismos públicos, y los mismos rescatan a su vez al Estado comprando su deuda, que luego canjean por liquidez en el Banco Central Europeo (BCE).

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz decía hace unos días que esta paradoja que se produce en la realidad actual española, le hacía desconfiar del éxito de tal medida.

Estas fuertes compras realizadas de deuda española, contrasta con la actitud más reservada de los siete mayores bancos y cajas, que prefieren guardar la liquidez obtenida del BCE en el propio Banco Central, en vez de conceder créditos a inversores, emprendedores, innovadores, pymes, etc., y dar un cierto aire y aliento al sector industrial y exportador, aunque los dos grandes bancos españoles tienen en este momento una exposición a la deuda española de más de 125.000 millones de euros, y el total de las entidades financiera españolas de casi 180.000 millones de euros.

El sistema público de pensiones español está pasando y va a pasar, durante una serie de años, momentos delicadísimos y muy difíciles para su supervivencia, ante las perspectivas y escenarios que están planteando y pronosticando todos los organismos internacionales y en especial el FMI, que alerta para España que "no alcanzará el nivel de producción previo a la crisis hasta al menos el año 2017, y en materia de empleo y trabajo alcanzará el citado umbral unos cuantos años más tarde".

Muchos menos cotizantes con salarios más bajos, hacen que los ingresos vayan cayendo y los gastos en pensiones subiendo más del 4% por los nuevos jubilados, abren un fuerte boquete -y por tiempo- en las cuentas de la Seguridad Social. ¿ El desfase a fin de este año será cercano a 6.000 millones de euros?

Aunque en los debates políticos siempre se plantea la amenaza, para los pensionistas vascos, sobre la dificultad que van a tener para poder continuar percibiendo en el futuro las pensiones actuales, debido al desequilibrio financiero existente a nivel territorial de Euskadi en el sistema, la realidad actual, las perspectivas y horizontes tan tenebrosos, preocupantes y dilatados en el tiempo a nivel de territorio común, nos hacen posicionarnos, de cara a un período más próximo, por una situación más optimista y positiva en Euskadi, debido a su situación económica más favorable, y por la confianza en una más rápida salida de la crisis, y con ello poder conseguir un sistema propio y vasco de pensiones públicas, con capacidad, gestión, y recursos suficientes para hacer frente a los compromisos con los cotizantes y pensionistas de Euskal Herria.