BILBAO. El PP continúa preparando a la opinión pública para una nueva restricción en el terreno social, que esta vez afectará a uno de los colectivos más afectados por la crisis, los parados de larga duración. Los populares confirmaron ayer que limitarán el acceso a los 400 euros para que los cobre quien "realmente los necesita" dando a entender que en estos momentos hay perceptores que ya tienen ingresos suficientes. Ante esta inminente reforma del Plan Prepara, CC.OO. y UGT reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy una reunión urgente para negociar los cambios e impedir que se reduzca el número de beneficiarios.

Los sindicatos españoles enviaron ayer una carta a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, pidiendo que les convoque a una reunión urgente para clarificar y negociar los "hipotéticos cambios" que pretende introducir el Gobierno del PP al prorrogar el Plan Prepara, que da derecho a percibir 400 euros a cambio de seguir un itinerario de formación a cargo de los servicios de empleo y que en estos momentos cubre los gastos básicos de más de 200.000 parados.

Las centrales temen que esos cambios a los que hacen referencia en su carta, aunque han sido dibujados por el Ejecutivo español como un intento de mejorar la capacidad de colocación de quien está acogido al plan, en realidad sirvan para endurecer los requisitos de acceso de forma que una parte de los potenciales perceptores se queden sin recibir los 400 euros a partir de ahora, como ha ocurrido en el caso de otras ayudas sociales como la renta de inserción para mayores de 45 años.

Y es que hasta ahora los mensajes que ha lanzado el Gobierno de Rajoy apuntan en esa dirección. El PP ha puesto en entredicho el sentido de la ayuda ya que entiende que no sirve realmente para que el desempleado vuelva a tener un empleo, algo en lo que volvió a insistir ayer Carlos Floriano en la cadena Cope. El vicesecretario de Organización del PP insistió en que hay situaciones en las que el subsidio "no funciona como un elemento de integración laboral". "En algunos casos, por ejemplo, lo estaban recibiendo personas que vivían con sus padres y lo hacían independientemente del nivel económico que tuviera su familia", dijo ayer Floriano, remarcando que su partido hará correcciones cuando prorrogue la ayuda el día 24 para evitar que el subsidio se prorrogue "indefinidamente" en casos como el que mencionó. "Todas esas correcciones deben incluirse", dijo el popular, matizando después que los cambios no impedirán que la ayuda "llegue a las familias que realmente lo necesitan".

Las interpretaciones de estas declaraciones son diversas pero desde luego apuntan a una posible rebaja de los ingresos máximos -derivados de rentas no laborales- que se pueden recibir si se está cobrando el subsidio, en estos momentos 480 euros, el 75% del salario mínimo. Rebajar esta cifra dejaría fuera a una parte de desempleados con un listón de ingresos igualmente muy bajo. Otra posibilidad sería que el Gobierno tratase de reforzar el control sobre los perceptores para garantizar que no están trabajando y que no pertenecen a familias de elevados recursos económicos.

En cualquier caso, CC.OO. y UGT han pedido a Empleo que "sin tardanza" convoque a las centrales para negociar los hipotéticos cambios que quieren incluir para mantener el Prepara, ya que "resulta complicado saber cómo quiere el Gobierno mejorar la empleabilidad del plan" teniendo en cuenta la situación del mercado de trabajo, razonan los sindicatos.

En la misma línea, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, pidió al Ejecutivo que "no toque" las actuales condiciones del Prepara, y le advirtió de que, si lo hace, "debe reunirse antes con los sindicatos".

protestas en euskadi La Plataforma Intersindical vasca que lideran CC.OO. y UGT realizó ayer protestas contra los recortes del PP en las capitales vascas, en las que el secretario general de Comisiones en la CAV, Unai Sordo, aseguró que si el Gobierno del PP decide endurecer la jubilación o aplicar más ajustes en el sector público dará pie a una "confrontación radical con el movimiento sindical", sin descartar una convocatoria de huelga.

También diversas asambleas de parados y otros colectivos sociales vascos denunciaron ayer frente a la oficina de Lanbide en Sestao los recortes de ayudas y pidieron la vigencia de los 400 euros como hasta ahora, llamando a la huelga general del día 26 de septiembre convocada por el ELA y LAB.