madrid. Nueva Rumasa ha dado carta de naturaleza a una precaria situación que ya ofrecía señales de atenazar al grupo de la prole del polémico José María Ruiz-Mateos. Si la Seguridad Social decretaba en las últimas horas el embargo de bienes de la empresa, Nueva Rumasa se encargó ayer de oficializar sus estrecheces al solicitar el preconcurso de acreedores para sus empresas Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa (Apis y Fruco), Quesería Menorquina y Rayo Vallecano, con lo que abre una "nueva etapa de reestructuración" que, según la familia Ruiz-Mateos, garantizará "su viabilidad futura y el cumplimiento de la totalidad de sus compromisos". Sin embargo, el empresario anunció su intención de poner toda la carne en el asador para evitar la suspensión de pagos. "Si no pudiera pagar a los acreedores, me pegaría un tiro", sentenció.

El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, aseguró en rueda de prensa, acompañado de sus seis hijos varones y parte del equipo directivo, que su objetivo se centra en proteger los intereses de sus empleados, y remarcó que cumplirá sus compromisos con los más de 5.000 inversores que han confiado en la compañía con la suscripción de pagarés o de participaciones. Estas diez sociedades, que concentran gran parte de los 700 millones de euros de deuda bancaria del grupo, se han acogido al procedimiento especial de la Ley Concursal, que concede un plazo de hasta cuatro meses para negociar con los acreedores a fin de evitar la suspensión de pagos y que blinda a las empresas ante cualquier entidad que pretenda instar un concurso de acreedores necesario. Los principales acreedores son Banco Santander y Banesto.

RETRASAR PAGOS La propuesta de Nueva Rumasa a sus acreedores se centrará en el aplazamiento de la deuda, según el consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos Rivero quien, a preguntas de los periodistas, descartó la petición de una quita, a lo que el patriarca de la familia replicó: "Aquí no se quita nada, se añade". Ruiz-Mateos junior detalló que el grupo ha sufrido todos los efectos de la crisis, pero su situación "se ve agravada" por una "bestial campaña orquestada" por intereses que dijo desconocer, por lo que se ha visto "obligado a solicitar esta medida de protección judicial".

No obstante, subrayó que no afecta a la actividad diaria de la compañía ni a su patrimonio, que "roza los 6.000 millones de euros". "Estamos seguros de que la situación es reversible y podrá ser modificada en breve", aseveró el empresario, quien apuntó que todos los inversores están al día en sus cobros y que los puestos de trabajo "no están en peligro". Además, anunció que la empresa Nueva Rumasa mantiene conversaciones "muy avanzadas" con un grupo inversor extranjero que prevé tomar una participación minoritaria aún por determinar e inyectar capital en el grupo, con una aportación total que inicialmente cifran hasta en 500 millones de euros.