Bilbao
EL caso de los ERE fraudulentos andaluces, más conocido en la jerga popular como el fondo de reptiles o EREgate, responde al escándalo de la presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía dirigida por el PSOE, y cuyo origen reside en la investigación en curso sobre la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones ilegales. En él se encuentra imputado el exjugador del Athletic Pizo Gómez (Eibar, 7-I-1964), beneficiario de una póliza individual por importe de 460.742 euros. Según declaró el exfutbolista ante la Policía, la Junta recurrió a esta fórmula para abonar a su empresa, de la que él era delegado en Nafarroa, unos cursos de prevención de riesgos laborales y el documento se puso a su nombre porque no podía tener como titular a una persona jurídica.
Los hechos se remontan a 2005, cuando el Gobierno andaluz suscribió un acuerdo con la firma Cenforpre, especializada en riesgos laborales y de la que Gómez es socio, para la puesta en marcha de un programa dirigido al Colegio de Graduados Sociales de Andalucía. Las actividades, que incluían la edición de dos libros, folletos, dípticos, charlas para 950 colegiados y un congreso, se desarrollaron entre 2006 y 2007. "pero el pago se retrasaba y decidimos parar el proyecto", aseguraron miembros de Cenforpre. Según la empresa, fue entonces cuando la Junta les propuso realizar el cobro a través de una póliza de rentas mediante la aseguradora Fortia Vida. Dada la imposibilidad de negociar la forma de pago, Cenforpre aceptó la propuesta pensando que tenía "soporte jurídico".
Ese tipo de pólizas no pueden ser extendidas a nombre de empresas, por lo que se exigió una persona para figurar como beneficiario, mientras que la Junta aparece como tomador. En ese momento, según Cenforpre, se pensó en Pizo Gómez, director de la oficina en suelo navarro y con participación en los intereses comerciales del grupo.
El pasado jueves Pizo Gómez se negó a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, después de que la magistrado mantuviera un incidente con su abogado, José María Calero. Según el letrado, la juez preguntó a Gómez por sus 17 cuentas corrientes, algo que Calero no consideró pertinente, instándole a no declarar mediante gestos. Ante los reproches de la juez por esta actitud, el abogado abandonó el despacho y Pizo Gómez fue atendido por otro de los letrados personados en la causa, aunque no respondió a ninguna pregunta más.
la intrahistoria El caso del fraude en los ERE pagados con fondos públicos de la Junta andaluza sobrevoló la reciente campaña electoral. Tres días antes de su cierre, la juez dictó un auto en el que reclamaba información al Gobierno andaluz de la actuación del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cuando era consejero de Economía y Hacienda. Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas. El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas ascendió a 647.869.157,45 euros. De momento, lo que sí está claro es que Pizo Gómez estuvo entre reptiles.
