MADRID. En la sentencia se indica que, "al no darse el requisito principal que el actor es trabajador, entiende este juzgador que los ingresos que percibe por cesión de sus derechos que ya tenía el actor, no es incompatible con la pensión de vejez" por lo que se "procede estimar íntegramente la demanda".

"El actor no realiza trabajo por cuenta propia, y sus ingresos no son por la acción personal suya de pensar escribir una obra literaria, el actor lo que percibe son royalties o cantidades por la cesión de sus derechos de libros cuya titularidad son del actor, y no constituye una actividad económica y meramente es ceder temporalmente un derecho temporal patrimonial", detalla el magistrado.

Por ello, en la demanda formulada por el escritor contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, "se declara no ajustada a derecho la resolución impugnada, que se anula, con las consecuencias inherentes a tal declaración, condenando a Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesoreria General de la Seguridad Social, a estar y pasar por esta declaración".

En 2009, el escritor solicitó su pensión de jubilación pero la Seguridad Social demandó a Reverte en 2015 el pago de una multa de 150.000 euros al considerar incompatibles ambas actividades, que fue reclamada en 2016.

Fuentes de Empleo han señalado a Europa Press que recurrirán la sentencia porque los letrados de la Administración tienen instrucción de presentar recurso contra las sentencias que afecta a los derechos, en este caso, de la Seguridad Social, salvo orden en contra.

No obstante, recuerdan que la sentencia se pronuncia sobre una acta levantada por el anterior Gobierno y que la decisión judicial enlaza con el desarrollo para regular la compatibilidad de la pensión con los derechos de autor de escritores y artistas.

En este sentido, añaden que la Administración está trabajando en el desarrollo reglamentario del Real Decreto 26/2018 que regula la compatibilidad de la pensión con los derechos e propiedad intelectual y afirman que se está trabajando en esta medida después de haber mantenido contactos con el colectivo afectado.

El Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas el desarrollo del artículo 193 del Estatuto del Artista que pondría fin a esta disyuntiva.