Sopela apuesta por afianzar la ladera de Barinatxe con mallas
El Ayuntamiento presenta un estudio con seis alternativas para garantizar el acceso al arenal
Recién estrenado el verano, la rampa de acceso a la playa Barinatxe de Sopela continúa cerrada al tránsito peatonal y solo se permite el acceso rodado a los servicios de limpieza y emergencias. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sopela ha dado a conocer el estudio de alternativas encargado para garantizar la estabilidad del talud situado sobre la rampa de acceso a este concurrido arenal conocido como La Salvaje, que el verano pasado recibió 171.000 visitantes, con el objetivo de mantener operativo un acceso considerado esencial para la limpieza, la seguridad y la accesibilidad del arenal.
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El informe, elaborado por la ingeniería Bidein, analiza seis posibles soluciones técnicas para estabilizar la ladera afectada por varios deslizamientos de tierra registrados en 2022, 2024 y enero de 2026. En este sentido, una vez evaluadas las propuestas en función de su impacto sobre los usuarios y los servicios, sus efectos medioambientales y su coste económico, la conclusión es que la opción más favorable es “la estabilización global del talud mediante mallas”.
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Esta actuación requeriría una inversión inicial de 400.000 euros y un mantenimiento anual de 30.000 euros, con una vida útil estimada de 20 años. Sin embargo, durante la ejecución de las obras sería necesario “cerrar temporalmente el acceso”, aunque una vez finalizadas “permitiría recuperar tanto el tránsito peatonal como el acceso de los vehículos de limpieza y emergencias”, aseguran. Además, el informe destaca que esta alternativa contribuiría a “contener la erosión de la ladera sin generar una afección significativa sobre la flora, la fauna o el paisaje”, agregan.
Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que la Diputación llevó a cabo a finales de mayo la retirada del último desprendimiento y asegura que se realiza un “seguimiento diario” de la zona y “un control geotécnico periódico”. No obstante, insiste en que la solución definitiva requiere de la colaboración entre las administraciones implicadas y plantea la firma de un convenio interinstitucional.
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