Getxo no recurrirá la sentencia sobre el caso de 'La Aldea'

Escuetos en su pronunciamiento tras conocerse las novedades judiciales, desde el Ayuntamiento de Getxo se han limitado a apuntar que no tienen intención de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el expediente de la villa ‘La Aldea’, en Neguri, incorporado al sumario del caso del palacete ‘Irurak Bat’ por la similitud de los hechos juzgados. La decisión telegrafiada desde el equipo de gobierno getxoztarra para asumir el contenido de esa sentencia brindaría el calificativo de ‘firme’ al expediente de Neguri y, supondría el carpetazo final para el caso de Algorta.

En concreto, la sentencia del TSJPV sobre 'La Aldea' resuelve a favor de una solicitud de licencia de una promotora para el derribo de la finca de la calle Zubitxoa número 1 y obliga al Ayuntamiento de Getxo a seguir con los trámites para su concesión. De esta forma, revoca la resolución de la plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo en sentido contrario, que fue aportada a las diligencias del caso Palacete por EH Bildu, acusación popular.

En la causa abierta por el derribo del ‘Irurak Bat’ -en la que la formación independentista y el PP ejercen de acusación popular- están investigadas diez personas, entre ellas tres exconcejales del PNV, tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación. Para el ‘popular’ Eduardo Andrade, el juez ha decidido la suspensión "con buen criterio" para "analizar todo con calma", si bien ha lamentado que las defensas "por segunda vez" hayan logrado "parar" la declaración de los peritos prevista para hoy viernes, 19 de junio.

"Lo dice bien claro en la sentencia”, ha reconocido Andrade, quien no obstante ha recordado que en el procedimiento judicial abierto relativo al palacete ‘Irurak Bat’ deben ser esclarecidos un par de asuntos, principalmente. El primero, determinar si "el edificio estaba protegido o no estaba protegido y el nivel de protección que tenía", pero también se debe resolver sobre "si hubo un trato de favor" a cargos públicos para que "ese edificio se construyese antes de que se suspendiese la licencia del PGOU". "Hay que investigar también la prevaricación", ha concluido.