Multas de 602 euros por las protestas del parking de Berango

La asociación vecinal Lantzarte Bizirik y varios vecinos de Berango han denunciado la imposición de sanciones administrativas de 602 euros a las personas que participaron en la protesta contra las obras del parking de la campa de Lantzarte el pasado 4 de agosto.

En este sentido, la asociación vecinal relata que el pasado verano, una veintena de vecinos “paralizó durante unas horas los trabajos tras el inicio de la tala de árboles y frutales de más de 30 años de antigüedad en este espacio utilizado como punto de encuentro y convivencia del barrio”. Entonces, según indican, la Policía local identificó a los presentes y les advirtió de que podrían ser sancionados, aunque, según la asociación, “en ningún caso la policía local instó a los vecinos a abandonar la zona ni hubo ningún tipo de resistencia a la autoridad”. Al mismo tiempo, consideran “especialmente grave que las sanciones lleguen ahora”, coincidiendo con la decisión vecinal de continuar por la vía contencioso-administrativa “para esclarecer la legalidad del proyecto y depurar posibles responsabilidades”. El colectivo interpreta esta actuación como un intento de “coartar y amedrentar con sanciones absolutamente abusivas y desproporcionadas, y de provocar desgaste y desmovilización entre quienes han defendido de forma pública y colectiva el patrimonio común del barrio”.

La asociación considera “inaceptable” que, en lugar de fomentar el diálogo y la participación vecinal, se responda “con medidas punitivas contra personas que han ejercido la protesta social y la defensa del entorno de una forma pacífica y siempre desde la búsqueda del diálogo y el consenso”. Asimismo, sostienen que la defensa de Lantzarte ha estado impulsada por la reivindicación de “transparencia, participación y respeto hacia el barrio”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Berango defendió ayer la actuación de la Policía local durante los incidentes y asegura que los agentes se “limitaron a levantar acta de los hechos y a trasladar una propuesta de sanción conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya tramitación corresponde al Gobierno Vasco”. Según apuntan desde el Consistorio, las personas presentes fueron advertidas en “reiteradas ocasiones de que no podían acceder ni permanecer dentro del perímetro de la obra, al tratarse de una zona con maquinaria en funcionamiento”. Pese a los avisos, “hicieron caso omiso”, por lo que fueron identificadas y se inició el procedimiento sancionador. El Ayuntamiento subraya que respeta “el derecho de la ciudadanía a manifestar sus opiniones y discrepancias, pero recuerda que se debe ejercer de forma compatible con la seguridad, la legalidad y el normal desarrollo de los servicios y obras autorizadas”.

Por último, el Consistorio rechaza “cualquier interpretación que vincule esta actuación con una represalia o intento de intimidación, y recuerda que las personas afectadas pueden ejercer su derecho a presentar alegaciones ante la administración competente”.