A pocos metros de la estación de metro de Deusto, entre la calle Araba y la calle Burgos, Rafa Sal atiende en su oficina a un goteo de personas que llaman a su puerta para informarse sobre la eutanasia. Desde fuera, la escena puede resultar inquietante: un ir y venir silencioso hacia un lugar donde se habla, sin rodeos, del final de la vida. En una sociedad que ha convertido la muerte en un tabú, estas conversaciones obligan a mirarla de frente. Y es precisamente en espacios como la asociación Derecho a Morir Dignamente donde esa mirada deja de ser abstracta para convertirse en algo íntimo y concreto. Allí, en ese mismo despacho, Sal se reúne con DEIA para reflexionar sobre el alcance de un derecho que, poco a poco, va adquiriendo presencia.
Los datos reflejan que el derecho a la eutanasia se ejerce cada vez más. ¿A qué responde esta tendencia?
—Es una tendencia clara. Cada año hay más personas que ejercen este derecho, y la clave está en la información. Cuando la ciudadanía conoce que existe esta opción, puede elegir. Si no estás informado, no puedes decidir. El derecho a morir dignamente se ejerce cada vez más porque la ciudadanía está mejor informada, y ese empoderamiento abre la puerta a que cada persona disponga de su vida cuando lo considere oportuno.
¿Cree que aún falta pedagogía social sobre este derecho?
—Muchísima. Sigue habiendo ruido mediático, intereses ideológicos y, en algunos casos, desinformación. Pero cuando alguien se encuentra cara a cara con el sufrimiento real de otra persona, cambia la percepción. Se pasa del debate abstracto a una comprensión más humana. Ahí es donde se produce un cambio profundo.
El procedimiento está diseñado con muchas garantías. ¿Son suficientes o excesivas?
—Es un procedimiento muy garantista, con un componente clínico y otro jurídico. Intervienen el médico responsable, un consultor y la comisión de evaluación. Eso da seguridad, pero también implica tiempos largos: en torno a 40 o 49 días. A veces, en situaciones muy avanzadas, algunas personas mueren antes de completar el proceso. Por eso creemos que se podrían acortar los plazos sin menospreciar las garantías.
¿Se deniegan muchas solicitudes?
—No todas las solicitudes obtienen informe favorable. Puede haber motivos: que no se hayan agotado alternativas terapéuticas, dudas sobre la capacidad de decisión o la ausencia de voluntades anticipadas. En esos casos, la comisión valora y puede denegar o aplazar. Pero esto también forma parte de la garantía del sistema: nadie es forzado, y quien obtiene el derecho puede incluso aplazar su decisión.
Ese aplazamiento rompe con la idea de urgencia que muchas veces se asocia a la eutanasia.
—Sí, no es tan frecuente como se piensa, pero ocurre. Hay personas que, una vez tienen la tranquilidad de que pueden acceder a la prestación, deciden esperar. A veces por motivos familiares, por cerrar etapas vitales o simplemente porque se sienten más tranquilas. Saber que tienes el control cambia mucho la vivencia del final de la vida.
¿Qué papel juegan las voluntades anticipadas?
—Son fundamentales. Permiten dejar por escrito qué quieres que ocurra cuando no puedas expresarte. Es una herramienta clave para garantizar la autonomía y evitar conflictos.
Rafa Sal acompaña a personas en el final de su vida y defiende el derecho a decidir desde la escucha y la dignidad
Uno de los debates más complejos es el de la enfermedad mental. ¿Cómo se aborda?
—Es un ámbito especialmente delicado. No está excluida de la eutanasia, pero requiere una valoración mucho más exhaustiva. Hay que determinar si la persona tiene capacidad para decidir o si su deseo está condicionado por la enfermedad. Se analiza caso por caso.
Desde su experiencia, ¿qué es lo más difícil en estos procesos?
—Curiosamente, muchas personas dicen que lo más difícil no es la decisión, sino el momento: fijar el día y la hora. Saber que depende de ti cuándo poner fin a tu vida genera una carga emocional muy grande. Pero también hay una constante: el sufrimiento. Cuando el dolor o la pérdida de sentido son continuos, día y noche, la persona siente que su vida ha dejado de ser digna.
Usted acompaña a personas en este proceso. ¿Cómo le afecta personalmente?
—Es muy intenso. Hay encuentros de un valor humano enorme. Escuchar sus biografías, sus razones… te cambia la forma de ver la vida. Pero también hay momentos duros, como esa última mirada cuando sabes que no volverás a ver a esa persona. Te deja tocado. Aun así, es un acompañamiento muy gratificante.
¿Qué le dicen quienes acuden a la asociación?
—Muchas veces buscan información, pero también escucha. Hay un alivio enorme cuando pueden hablar sin tabúes. La sociedad ha apartado la muerte al ámbito privado, casi oculto, y eso genera soledad. Nosotros les animamos a no encerrarse, a compartirlo con su entorno. Hablar de la muerte, paradójicamente, ayuda a vivir con más intensidad.
¿Sigue siendo un tabú social?
—Totalmente. Y es un error. Hablar de la muerte no te acerca a ella, sino que te hace valorar más la vida, el presente, las relaciones. Como sociedad, deberíamos normalizar estas conversaciones.
¿Cómo valora el funcionamiento de la ley en Bizkaia?
—En general, funciona bien. La mayoría de los casos se resuelven, a diferencia de otros lugares del Estado, donde existen más barras. En el territorio, hay profesionales muy implicados y otros que necesitan más formación o apoyo. La objeción de conciencia existe, pero no es el principal problema.
¿Cuál es el objetivo último de la asociación?
—Tenemos claro que defendemos el derecho a disponer de la propia vida. No solo en contextos de enfermedad, sino como principio de autonomía personal. Que cada persona pueda decidir cuándo su vida deja de ser digna y hacerlo de forma segura, acompañada y con garantías.
Para terminar, ¿qué mensaje lanzaría a la sociedad?
—Que escuche. Que respete. Que no juzgue desde fuera. Detrás de cada solicitud hay una historia de sufrimiento y de reflexión profunda. Y que se informe, porque solo desde el conocimiento se puede decidir en libertad.
