Las familias del CEIP Larrañazubi de Getxo denuncian el cierre del centro: "Abocará a los niños al fracaso escolar"
El Gobierno vasco les ha informado de que el colegio cerrará sus puertas en junio de este año
Uno de los últimos colegios en castellano de Euskadi, el CEIP Larrañazubi de Getxo, cerrará sus puertas en junio de este año. Una decisión que ha pillado por sorpresa a las familias que, a través de un comunicado, han mostrado su malestar asegurando que esta decisión "abocará a los niños al fracaso escolar". El pasado martes día 20 la dirección del centro convocó a la Asociación de Familias del Alumnado (Afa) a una reunión en la que se les comunicó la decisión del Gobierno vasco.
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Tal y como asegura la Afa, "esta decisión, cuya posibilidad no había sido nunca adelantada a las familias, ha sido trasladada a los padres y madres apenas dos semanas antes del inicio del periodo de matrícula del para el próximo curso escolar, que se abrirá el próximo 2 de febrero. La Asociación de familias ha censurado "la absoluta situación de vulnerabilidad e indefensión" en la que quedarán los alumnos que ha sido escolarizados en castellano. Además, aseguran que "no a todos se les ha garantizado que tendrán plaza en otros colegios con este modelo como lengua vehicular".
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Las familias han exigido formalmente "la reconsideración inmediata de la decisión de cierre, la apertura de un proceso de diálogo con la comunidad educativa y la preservación de un proyecto que responde a una necesidad real y no cubierta en Getxo". Según ha informado el Departamento de Educación del Gobierno vasco, el alumnado del CEIP Larrañazubi se integrará en el CEIP San Ignacio de Algorta, que también cuenta con modelo A.
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha explicado que "todos estos procesos se han hecho de manera consensuada, se han ido desarrollando de manera progresiva con la comunidad educativa. Hay un liderazgo muy significativo por parte de los equipos directivos de ambos centros lo que da confianza a las familias. Comunicación constante con las familias. El profesorado se ha implicado, los claustros han participado".
Aún así ha reconocido "que haya una familia que muestre un descontento es normal porque genera incertidumbre. Todos queremos saber a dónde van a ir nuestros hijos. Ese proyecto educativo que van a ir desarrollando en conjunto. Es importante que haya equipos de trabajo que se coordinen, que hablen con las familias que vayan pensando qué es lo mejor para cada ciclo y por qué".
Retroceso educativo
Asimismo, la asociación ha apuntado que el colegio acoge un aula estable con niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales que, tras haber estado escolarizados en castellano desde una edad muy temprana, "podrían sufrir un grave retroceso educativo y una crisis emocional si son escolarizados en una lengua que desconocen".
De igual manera, han recordado que "tanto las instalaciones como la ubicación del centro constituyen un entorno privilegiado para el aprendizaje de los niños, al disponer de un patio de más de 5.000 metros cuadrados con arbolado, y estar localizado a apenas seis minutos de la estación del metro de Aiboa y junto al humedal de Bolue". Asimismo, han lamentado "la escasa implicación del Gobierno vasco con este colegio, donde ya a mediados del año pasado se optó por cerrar el aula de 2 años sin ningún tipo de justificación".
Una herramienta para la cohesión social
Las familias defienden que, lejos de ser una amenaza para el euskera y la normalización lingüística, el colegio Larrañazubi constituye una "herramienta imprescindible para garantizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la competitividad de Euskadi en un mundo globalizado".
"Las familias denunciamos que esta decisión constituye una vulneración flagrante de los derechos de los niños y niñas, al privarles de la igualdad de oportunidades y del acceso efectivo al modelo educativo actual. Resulta especialmente grave el desmantelamiento de las condiciones favorables alcanzadas durante años en el Aula Estable; tras haber reagrupado aquí a este alumnado, el cierre supone despojarles de un entorno inclusivo consolidado y de los apoyos específicos que garantizaban su bienestar, sacrificando su estabilidad emocional y pedagógica en favor de una planificación administrativa que ignora la demanda real y la protección de los más vulnerables”, sentencia la presidenta de la Afa.