La compra de Ayesa Digital por parte del consorcio en el que participa el Gobierno Vasco ha abierto un debate mediático político en Andalucía. La línea argumental es básica, en los últimos meses de Susana Díaz al frente de la Junta en 2018, su Ejecutivo vendió su participación del 15% en la empresa Sadiel a Ayesa. Fue el germen de la división digital de la compañía sevillana y ahora pasa a manos vascas.
El actual Gobierno de Juanma Moreno Bonilla, vendió otro 7% en 2023, y no ha reaccionado ante la operación y ha argumentado que la comunidad andaluza no cuenta con un instrumento como el Concierto y la estructura de financiación del Cupo para hacer frente a este tipo de movimientos en el tablero de la economía.
Tanto los sindicatos con representación en el grupo industrial como el principal partido de la oposición, el PSOE, han criticado este argumento, muy manido por las comunidades como agravio respecto a los supuestos privilegios de la CAV y Nafarroa.
El alcalde sevillano, José Luis Sánz, por su parte, ha pedido esta semana que “se mantenga el empleo en la ciudad” en respuesta a una pregunta del portavoz del PSOE en el Consistorio, Antonio Muñoz, que criticó “el papel indolente” del alcalde al respecto.
Muñoz lamentó el jueves la noticia de la venta y advirtió de que esta operación “no puede analizarse como un hecho aislado, sino como el reflejo de un problema estructural del modelo productivo de Sevilla”. Asimismo, denunció “el silencio y la pasividad” del Gobierno municipal y de la Junta . “Estar sentado en el sillón del alcalde exige defender el interés general de la ciudad, y eso con independencia de que sean competencias del ayuntamiento o que no lo sean”, afirmó.
Tras criticar la alusión al Cupo por parte de los populares, el dirigente del PSOE aseguró que el PP “desconoce” las claves de la operación y que ha dejado “sin respaldo” a la plantilla actual y los jóvenes que podrían sumarse en el futuro a la compañía.
De hecho, los sindicatos han advertido de la posibilidad de que algunos trabajadores soliciten la baja voluntaria para evitar verse afectados por una hipotética concentración del empleo en Euskadi. En este sentido, el acalde aclaró que mantiene reuniones con los actuales responsables de la empresa para “asegurar que cualquier reorganización societaria no se traduzca en una deslocalización de la empresa”.
También han arreciado las críticas desde el Gobierno central, cuya vicepresidenta primer y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó ayer al presidente de la Junta de Andalucía de rechazar una financiación «histórica» de 5.700 millones de euros anuales para la comunidad.
Esa decisión, añadió, está teniendo un “impacto directo en Sevilla tanto en términos de inversión pública como de pérdida de tejido empresarial”, como por ejemplo la pérdida de Ayesa.
Montero hizo estas declaraciones en Huelva en la presentación oficial de su candidatura a la presidencia del Partido Socialista Andaluz. Y en un contexto en el que Aragón, Castilla-León y Andalucía celebran elecciones autonómicas este año.
