El Ayuntamiento de Getxo acaba de confirmar el registro por parte de la Ertzaintza “de varias dependencias municipales, en cumplimiento de un auto judicial dictado por el Juzgado de Instrucción de Getxo” a raíz de las investigaciones por el palacete derribado.
En concreto, los agentes han entrado en espacios de trabajo vinculados a la actividad urbanística y administrativa. Desde el Consistorio aclaran que están “prestando colaboración plena y activa con las autoridades judiciales y policiales, facilitando el acceso a la información y documentación requerida para el desarrollo de las diligencias”.
En este contexto, la alcaldesa, Amaia Agirre, ha vuelto a insistir en el proceder de la institución local desde el inicio de este caso que tiene que ver con la construcción de una docena de viviendas de lujo en un inmueble con catalogación de custodia municipal y que fue derruido por completo sin permiso urbanístico.
“No nos consta ninguna irregularidad. En lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad. El expediente de San Nicolás 11 ha sido tramitado correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con revisión del personal técnico competente y los informes necesarios”, reitera la primera edil. Asimismo, Agirre subraya que cuando la promotora derribó parte del edificio sin el beneplácito correspondiente, el Ayuntamiento actuó con rapidez. “Se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa. Es decir, cuando se detecta un incumplimiento, se actúa. Y si la investigación en curso acreditara alguna vulneración ética o legal, adoptaremos las medidas oportunas con toda la contundencia”, señala Agirre.
Secreto de sumario
Este polémico caso está en fase de instrucción en Getxo con el secreto de sumario decretado. Mañana mismo declararán el administrador de la gestora de la cooperativa, el responsable de la constructora, el arquitecto redactor del proyecto y otro profesional que participó en él. Además, testificarán un empresario que descartó previamente la construcción de estas viviendas por no ser un objetivo viable económicamente y un técnico que elaboró la Inspección Técnica del Edificio (ITE).
El PP local ejerce de acusación popular, mientras que fue EH Bildu el que acudió a la Fiscalía a interponer la denuncia que ha iniciado este proceso que investiga si se ha incurrido en ilícito-penal. Esta formación explicó que “resulta indispensable que un agente externo al Ayuntamiento investigue lo ocurrido con Irurak Bat y el Departamento de Urbanismo: las circunstancias del derribo, la actuación del Ayuntamiento en todo el procedimiento desde que se otorgó la licencia, el proceso administrativo, dilucidar si ha existido un trato preferente, etc”. Y es que, como quedó constatado en las comisiones extraordinarias municipales, bajo el derribo en sí, existen otras cuestiones que generan dudas.
