Las familias afectadas por la enfermera que no vacunó a los menores iniciarán un procedimiento administrativo contra Osakidetza

Las familias de los menores que no fueron vacunados por una enfermera de Santurtzi no recurrirán la sentencia absolutoria de la Audiencia de Bizkaia, pero sí iniciarán de inmediato un procedimiento administrativo contra Osakidetza. Así lo ha confirmado a Deia en la mañana de este miércoles el abogado que representa a las 42 familias personadas en la causa, Aitzol Asla, quien ha asegurado que el objetivo es “demostrar y depurar responsabilidades dentro del sistema sanitario”.

“Asumimos que recurrir la sentencia es complejo porque supondría modificar la valoración de la prueba, pero es evidente que algo ha fallado en el Servicio Vasco de Salud”, ha afirmado Asla. Según el letrado, la resolución judicial reconoce que los hechos existieron y que la situación generó “un grave problema de salud pública”, aunque este tipo de conductas no estén tipificadas específicamente en el Código Penal.

Las familias consideran que la conducta mantenida por la enfermera -vacunar, ocultarlo y anotarlo- no era compatible con el trastorno mental que se le reconoce como eximente. “Es una valoración agridulce: estamos satisfechos de que se hayan reconocido los hechos, pero entendemos que no se ajusta a la gravedad del daño causado”, ha señalado el abogado.

Asla ha adelantado que el próximo paso será solicitar a Osakidetza la “transferencia absoluta” de información sobre todo lo ocurrido, para conocer con la máxima transparencia las quejas y los fallos que se produjeron durante el periodo en el que la enfermera no cumplió con su obligación. “Contra la enfermera hemos hecho lo debido. Ahora queda por saber si en el servicio vasco de salud algo no ha funcionado como debía”.

El letrado también ha recordado que las familias “fueron tildadas de locas al principio”, y que sin sus denuncias “no se habría destapado un problema que afectó a más de 400 familias durante un año entero”.

De cara al futuro, las familias y su representante legal invitarán a los grupos parlamentarios a estudiar posibles modificaciones de los protocolos sanitarios para prevenir casos similares. "Este caso demuestra que es imprescindible vigilar el funcionamiento de los servicios públicos y reforzar la confianza ciudadana frente a los bulos”, ha concluido Asla.