La letra pequeña de la declaración de zona tensionada de vivienda de los municipios es muy gruesa y la Diputación de Bizkaia trabaja “lo más rápido posible” en la definición del mapa de precios de alquiler. La portavoz del ente foral, Leixuri Arrizabalaga, ha respondido esta mañana en estos términos a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que el miércoles mostró su “preocupación” porque “aún quedan pasos por dar” en Bizkaia y Araba para fijar la tabla de alquileres en cada área de las ciudades en función de los precios actuales de mercado “dos años y medio” después de la aprobación de la Ley de Vivienda.

El reproche de la ministra, que llegó a “exigir” que se presenten ya los datos, tiene origen en una pregunta en el Congreso del Diputado de EH Bildu, Oskar Matute, que criticó que desde que en mayo de 2023 fuera aprobada la Ley de Vivienda no se haya desplegado en su integridad. Los ciudadanos, no tienen “semejante tiempo para cumplir con sus obligaciones con la ley como se les da a algunas instituciones”.

Recopilación de datos

Arrizabalaga ha explicado, sin ánimo “de entrar en un ningún tipo de conflicto”, que otras administraciones del Estado, que se adelantaron a la nueva normativa, tardaron hasta cinco años en recopilar la información. Además recordó que la Diputación ha introducido en la Declaración de la Renta de este año dos nuevos campos de captación de datos que “van a ayudar a tener mayor información” en relación a esta cuestión. 

Partiendo de la base de que la campaña del IRPF se cerró el 30 de junio, la portavoz de la Diputación ha afirmado que los técnicos de Hacienda “están actuando con la mayor celeridad posible” para recopilar los datos y enviarlos al Ministerio. 

Sin efectos hasta octubre

Cabe destacar que el Gobierno español no publicará hasta octubre, sin fecha todavía, la declaración oficial de Bilbao, el núcleo urbano vizcaino en el que tendrá más incidencia las nuevas reglas, como zona tensionada. Y será a partir de entonces cuando los nuevos alquileres que se firmen estarán sujetos a un baremo de control de los precios en función de la ubicación del piso. Sin llegar a hablar de plazos, Arrizabalaga ha insistido en que los datos estarán disponibles a la mayor brevedad. 

Y aquí hay que tener en cuenta su vez que, según los cálculos del Gobierno vasco, en el caso de Bilbao la medida afectará al 10% de las viviendas en alquiler: las que son propiedad de grandes tenedores –más de cinco pisos en propiedad–, los nuevos inmuebles que se incorporen al mercado o los que no lo han hecho en los últimos cinco años. El resto entrará en el circuito que genera la declaración de zona tensionada cuando se renueven los contratos. Entonces, los inquilinos podrán acogerse al precio máximo que marquen los datos recopilados por la Diputación y tendrán acceso prioritario a ayudas de alquiler y de protección ante deshaucios. Los arrendatarios, por su parte dispondrán de incentivos fiscales en el caso de cobrar un alquiler inferior a la referencia o de firmar el contrato con personas que pertenezcan a un colectivo vulnerable. 

Los plazos de implantación para la capital vizcaina son un ejemplo claro de una realidad incontestable, la declaración como zona tensionada de un municipio no supone un vuelco en los precios del alquiler. En esos términos se expresó Juan Mari Aburto en la firma la semana pasada del acuerdo con el Gobierno vasco. Este paso no es “la panacea”, puede “mitigar” las estrecheces actuales del mercado, pero la solución está sujeta a cuestiones como el cobro de un “salario digno”, ya que una zona es declarada como tensionada cuando el alquiler medio supera el 30% de los ingresos de los inquilinos. 

Construcción de 1.100 viviendas

De ahí que en el caso de Bilbao la etiqueta como ciudad tensionada recoja una batería de medidas entre las que destaca la construcción de casi 1.100 viviendas protegidas en regimen de propiedad o alquiler social de aquí a 2028. Son actuaciones como está las que dan sentido a la declaración aprobada recientemente, mientras la Diputación continúa trabajando en el otro frente la definición de los precios de referencia del alquiler, que en la mayoría de los contratos todavía tardarán en entrar en vigor. 

Por ello, Leixuri Arrizabalaga ha reiterado que los datos que tiene que trasladar Hacienda no son “una información sencilla de recopilar” y, como se ha venido señalando desde la Diputación, se “necesitaban más datos todavía para poder enviarlos”.

Un proceso en el que los técnicos de Hacienda “están actuando con la mayor celeridad posible” y “cuando podamos tener toda esa información completa, la enviaremos”, ha insistido la portavoz del ente foral.