El Gobierno vasco ve "altamente improbable" recuperar el dinero robado en la EPSV Gallarta

El Gobierno vasco considera "altamente improbable" poder recuperar los cerca de 600.000 euros presuntamente apropiados de forma indebida por una integrante de la Junta de Gobierno de la EPSV Gallarta. El Ejecutivo vasco advierte de que solo una eventual sentencia judicial favorable —que imponga una indemnización— y la existencia de bienes suficientes por parte de la responsable permitirían resarcir el daño, una posibilidad que se considera poco probable.

Tal y como adelantó DEIA y ha confirmado este viernes el Gobierno vasco en una nota de prensa, el pasado 11 de abril se intervino la entidad tras detectar un caso grave de fraude. La cantidad sustraída, que asciende prácticamente a la totalidad del patrimonio de la EPSV –estimado en unos 650.000 euros–, fue desviada durante años, según las primeras pesquisas, mediante prácticas fraudulentas y falsificación de la información remitida a las autoridades. La persona implicada habría aprovechado su experiencia y la confianza del resto de los órganos de gobierno para ocultar su actuación.

La investigación fue iniciada por la Ertzaintza a raíz de una denuncia del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales), que detectó movimientos sospechosos entre cuentas de la EPSV y un familiar directo de la persona implicada. La intervención se llevó a cabo en virtud de las competencias recogidas en la Ley 5/2012 de EPSV, después de que la Dirección de Política Financiera y Previsión Social confirmara la apropiación indebida tras una confesión directa.

Alternativa

Actualmente, el Departamento de Hacienda y Finanzas está trabajando en una posible alternativa para ofrecer cobertura al colectivo afectado, con especial atención a los socios de mayor edad. La Dirección de Política Financiera y Previsión Social ha asumido temporalmente el control de la entidad y convocará próximamente una asamblea para que los socios y socias decidan el futuro de la EPSV, bien sea optar por su continuidad con una nueva Junta de Gobierno o acordar su disolución y liquidación definitiva.

Según indican fuentes institucionales, este nuevo caso de fraude, similar al que ya se registró en 2018 en una EPSV dedicada a coberturas sanitarias, ha reactivado una reflexión interna del Gobierno vasco sobre la supervisión del subsector de EPSV funerarias, que actualmente engloba a 29 entidades con más de 100.000 socios. Tal y como apuntan las mismas fuentes, entre las medidas que se estudian están la reducción del número de entidades, su profesionalización y una mayor exigencia documental, con el fin de prevenir que se repitan situaciones similares.