Los campistas afectados de Ajo van a los juzgados: "Han pasado de nosotros hasta que nos hemos movilizado"

Continúan las movilizaciones por parte de las más de 100 familias, muchas de ellas vizcainas, afectadas por el cierre de parte del Camping Arenas de Ajo. "Donde hay injusticia, hay lucha", así lo han anunciado en un comunicado en el que apostillan que "ante la incertidumbre y el perjuicio causado por la orden de cese de actividad del Camping Arenas de Ajo, la Asociación Campistas Fijos - Camping Arenas de Ajo, representada por su Junta Directiva, anuncia la adopción de medidas legales y de movilización en defensa de sus derechos".

De hecho, informan que ya han interpuesto "la correspondiente acción penal ante los Juzgados de Instrucción de Santoña".

Además, de manera paralela, la Asociación ha solicitado la "intervención del Defensor del Pueblo para instar al Ayuntamiento de Bareyo a cumplir con su obligación de atender nuestras peticiones y dar respuesta al incidente de nulidad de actuaciones presentado el pasado 23 de enero de 2025".

Sentencia firme desde 2024

Desde que se puso fin al procedimiento legal en octubre del año pasado, pesa sobre el lugar una sentencia firme por incumplir la ley a la hora de ampliar su perímetro.

Un largo camino por los tribunales que comenzó en 2008 con la primera denuncia. Seis años después, en 2014, el caso llegó al Tribunal Supremo, órgano judicial que dictó que la ampliación que se estaba llevando a cabo seguía siendo “ilegal”.

No obstante, dicha sentencia no se ejecutó por lo que la parte denunciante continuó con el proceso acudiendo a los tribunales para "destapar" lo que estaba ocurriendo.

En mayo de 2022, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bareyo adoptó "la medida cautelar de clausura de la actividad en la parte que excede de la licencia en su día concedida".

Una decisión por la que el Camping Arenas presentó dos recursos –contencioso administrativo y apelación– que fueron desestimados. Tras no presentar un nuevo recurso de casación, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria puso "fin al procedimiento" o impidió "su continuación" tras transcurrir el plazo legalmente permitido.

Más de 100 familias afectadas

Una situación que, tal y como denuncian los campistas afectados, "ha impactado gravemente a más de 100 familias, quienes se han visto perjudicadas por la falta de respuestas y las decisiones unilaterales de los responsables del camping".

De hecho, según recuerdan como "agravante" lo que vivieron "el pasado 13 de enero de 2025", día en el que según recogen en el comunicado, "el suministro de servicios básicos fue cortado sin notificación previa por parte del camping, dejando a los campistas en una situación de vulnerabilidad".

La raíz del problema surge, según alegó un miembro de la familia propietaria del camping y recogió DEIA, por la búsqueda de una legalización de terrenos que finalmente nunca llegó. Tal y como expuso, compraron esos terrenos porque "se estaba desarrollando el plan general" donde "todos esos terrenos aparecían como suelo urbano para camping". De hecho, añadió que "llegó a haber una aprobación inicial".

Acciones legales en marcha

Según ilustran los campistas en el comunicado mencionado previamente, "solo tras la adopción de medidas por parte de la asociación, incluyendo movilizaciones y manifestaciones, los responsables del camping han comenzado a enviar burofaxes a los campistas, notificándoles la resolución contractual de la temporada 2024/2025".

Ante la "situación de indefensión" que las y los campistas denuncian, la asociación continuará con las movilizaciones. La próxima manifestación está convocada para este domingo, 30 de marzo. Lo hacen con el objetivo de "visibilizar la problemática y exigir soluciones inmediatas".