El Ayuntamiento de Sopela ha aprobado las actualizaciones en las tarifas del polideportivo municipal, que subirán este año un 5% y las del txikigune un 2%. “El Ayuntamiento debe cumplir con el contrato que tiene vigente con BPXport, dado que cualquier incumplimiento puede acarrear efectos negativos para el Ayuntamiento”, explica la alcaldesa de la localidad, Guruzne Carrasson. Además, la regidora expone que “a la anterior adjudicataria Be One se le acaba de abonar una indemnización impuesta por sentencia judicial de casi 155.000 euros, debido a irregularidades en la gestión del anterior contrato”.

A este respecto, el Consistorio sopeloztarra se encuentra actualmente analizando el actual contrato con BPXport, que fue aprobado con gran polémica la pasada legislatura y que tiene una duración de 15 años prorrogables a 5 más, e incluía la obligación de realizar inversiones tanto en Abadesolo como en Urko. Según apuntan desde el Consistorio, como la empresa adjudicataria “ha incumplido este apartado de inversiones”, y tras unos contactos previos en septiembre, “se le requirió formalmente en octubre la presentación de un plan de inversiones alternativo”. La empresa presentó una propuesta, aunque “incompleta”, aseguran.

Tras un segundo requerimiento, el Ayuntamiento ya cuenta con la propuesta definitiva de BPXport, la cual está analizando para determinar su viabilidad técnica, económica y jurídica. En primer lugar, se busca analizar si el plan de inversiones alternativo de BPXport es viable y si se puede modificar el actual contrato. En caso negativo, la propuesta es rescindir el contrato de mutuo acuerdo y garantizar el servicio hasta que se saque una nueva licitación.

Por último, la regidora local asegura que este mes de enero “se sabrá si la opción propuesta por BPXport es viable”.

El apunte

Subida. Las tarifas del polideportivo subirán un 5% y las del txikigune un 2%. Así lo aprobó el pleno del Ayuntamiento de Sopela el pasado 27 de diciembre.

Sentencia. A la anterior adjudicataria Be One se le acaba de abonar una indemnización impuesta por sentencia judicial de casi 155.000 euros debido a “irregularidades” en la gestión del anterior contrato.