La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, confía en que la próxima semana se produzcan “avances” en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará el martes 3 de diciembre en relación al reparto de menores extranjeros que ha exigido la institución foral al Gobierno español para evitar la situación “límite” que se vive en Bizkaia. La responsable foral también informó ayer de que la excepcionalidad aprobada el jueves por la Diputación en la red de acogida residencial de estos jóvenes permitirá no solo habilitar un nuevo dispositivo, sino también realizar obras de acondicionamiento en el centro de primera acogida.
Desde hace meses, a Bizkaia están llegando tres menores al día, lo que lo ha convertido en el territorio con mayor número de menas en relación a su población. Actualmente, son 602 los menores extranjeros no acompañados que se acogen en la red residencial. Los 16 centros de acogida, cuatro de ellos abiertos en el último año, no dan abasto para atenderles. De ahí la declaración de excepcionalidad, que permitirá a la Diputación abrir un nuevo dispositivo asistencial de emergencia, de forma inminente y temporal, y “descongestionar la red”, según señaló Antxustegi ayer en una entrevista en Radio Euskadi. Además, avanzó que se necesitan realizar obras de acondicionamiento en el centro de primera acogida y que se podrán llevar a cabo gracias a ese nuevo recurso.
La diputada de Acción Social recordó que han pedido en varias ocasiones al Gobierno del Estado “que ordene los flujos de migración, que haya un plan de contingencia y, sobre todo, que haya un reparto justo y equilibrado entre todas las comunidades autónomas”. En este sentido, mostró su confianza en que haya “avances” en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo martes, después de que en la última, celebrada en julio, plantearan de nuevo la situación del territorio. “Han pasado unos meses, esperamos que haya avances y estaremos expectantes”, adelantó.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, indicó ayer que “lo que está haciendo el Gobierno de España es intentar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que no fue posible aprobarla en un primer intento en el Congreso por la oposición sistemática del PP, que casualidad, gobierna en las Islas Canarias, que es uno de los territorios más tensionados junto con Ceuta y Melilla”. Aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez “va a insistir en esa reforma de la Ley de Extranjería para que los menores sean acogidos en todas las comunidades autónomas de una manera equilibrada”.
