La Diputación de Bizkaia deja la puerta abierta a mantener también el próximo año los descuentos del 50% en el transporte público. La responsable foral de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez, ha abogado este miércoles por alargar esas subvenciones "algún tiempo" más, siempre condicionando la decisión a si el Gobierno español mantiene también las ayudas a las comunidades autónomas que las apliquen como ha hecho hasta ahora. Eso sí, ha advertido de que la apuesta foral es por establecer, de forma estable, unas tarifas progresivas en base al uso y la renta personal de cada cliente.

Pérez ha comparecido en el pleno de las Juntas Generales celebrado en Gerediaga, como es tradición al inicio del curso político y que ha contado con la presencia de varios alcaldes y alcaldesas de Durangaldea, además de la presidenta de la Mancomunidad. Lo ha hecho a petición de EH Bildu, cuyo apoderado quería conocer las intenciones de la Diputación respecto a los descuentos del 50% en el transporte público cuya vigencia en principio termina el próximo 31 de diciembre.

"Creemos que es imprescindible prorrogar estos descuentos en 2024, porque es una medida que ayuda a las familias y colabora con la transición ecológica eliminando coches de nuestras carreteras", ha considerado su apoderado Raúl Méndez.

Pérez ha detallado que el número de viajeros en Bizkaibus ha crecido, en los primeros nueve meses de este año, un 0,93% respecto a 2019, ejercicio previo a la pandemia, y un 10,6% respecto a 2022; solo en septiembre, han viajado en estos autobuses un 8,9% más usuarios que en 2019, y un 14% más que en el mismo mes del año pasado, cuando ya se aplicaban los descuentos.

La diputada foral ha enmarcado estos incrementos a la combinación de varios factores; además de la reducción del precio de los billetes, ha señalado que también han influido el fin de la pandemia, que ha supuesto que la ciudadanía haya perdido el miedo a viajar en modos colectivos y esté reduciéndose el teletrabajo, y el encarecimiento del precio de los carburantes. Pérez ha advertido también de que ese incremento de la demanda ha provocado "dificultades operativas" en algunas líneas de Bizkaibus, ya que "no en todos los casos hemos podido dar respuesta, ya que no disponemos de más flota de la que está en servicio".

En cuanto a su continuidad, la diputada foral ha recordado que la medida se adoptó en un contexto concreto, "como una medida extraordinaria para cuatro meses para responder a las consecuencias de la guerra de Ucrania y las altas tasas de inflación", y ha supuesto "un esfuerzo inversor" para las administraciones públicas.

A la espera

Sin embargo, ha avanzado que la voluntad del departamento foral es "continuar en la línea con lo que tenemos durante algún tiempo más", una postura "clara y compartida con la mayoría de administraciones y operadores". Eso sí, ha advertido de que la decisión estará condicionada a que el Gobierno español mantenga también las ayudas del 30% a las comunidades autónomas el próximo año. "Lo que hace la Diputación, al igual que el resto de administraciones públicas de Euskadi, es acogerse a dichas ayudas; somos beneficiarios de ese 30% que sufraga España y que nos obliga a asumir el 20% restante", ha subrayado. "Es potestad del Gobierno de España mantener, suprimir o modificar su línea de ayudas a 2024 por lo que, antes de adoptar cualquier decisión al respecto, se hace necesario conocer cuál va a ser el escenario final en el ámbito estatal".

Pese a que el Gobierno español en funciones no se ha manifestado todavía sobre este ámbito, el acuerdo que alcanzaron el pasado martes el PSOE y Sumar para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente sí incluye la prórroga de los descuentos para 2024.

No obstante, Pérez también ha abogado por que esta sea una medida "temporal" ya que en Bizkaia, al igual que en todo Euskadi, se apuesta por establecer un sistema tarifario "gradual y no lineal", en el que cada viajero pague más o menos en función del número de viajes que realice y su nivel de renta. "Se trata de un sistema de descuentos progresivos en función del uso y condición personal. Es el sistema más justo, ya que premia la utilización intensiva del transporte público y mejora el acceso de las personas con menor renta y de los colectivos con necesidades especiales como jóvenes, mayores, familias numerosas o personas con discapacidad, ha defendido.