La Diputación Foral de Bizkaia no descarta establecer El Vivero como centro de atención permanente de menores. El recurso, que hasta ahora ha funcionado en casos de urgencia cuando la demanda supera la capacidad de la red y que fue cerrado este pasado sábado, precisa de obras para garantizar una "buena acogida" a los menores, pero estas dependen de que el Ayuntamiento de Galdakao cambie su calificación urbanística, algo que ya ha solicitado la institución foral sin recibir respuesta hasta el momento.
La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha comparecido este jueves ante las Juntas Generales para responder a una pregunta del PP sobre la situación de los centros de menores que existen en el territorio. "Los programas de integración no están funcionando", ha mostrado su preocupación su apoderado Diego Pagadigorria, quien también ha criticado la situación de "descontrol" por parte de algunos de los usuarios de esa red.
Tras recordar que el acogimiento de menores en situación de desprotección es una "obligación legal" para la Diputación, Antxustegi ha subrayado que los recursos que conforman la red "no son centros de internamiento, ni cárceles", aunque sí existe un protocolo, en colaboración con la Ertzaintza, cuando alguno de ellos no vuelve al mismo.
La red de acogimiento residencial para menores en situación de desprotección está compuesta actualmente por 58 hogares y centros, especializados en perfiles por criterios de edad y expectativas vitales. También hay plazas concertadas con centros de fuera de Bizkaia, para dar respuesta "a necesidades complejas y concretas", como las diez conveniadas con la entidad Aita Meni, en Arrasate, para menores con graves problemas de salud mental.
Entre ellos, una docena están dirigidos a mayores de 14 años y se centran en preparar a estos menores para la vida adulta. "Son los que habitualmente acogen a los menores migrantes sin referentes familiares, toda vez que se trata, por lo general, de adolescentes que están en proceso de emancipación y tienen, generalmente, más de 16 años", ha especificado la diputada foral. Así, funcionan siete recursos de preparación a la emancipación y otras cinco unidades semiautónomas o pisos de emancipación.
"Estos pisos tienen una capacidad suficiente para responder a los menores que actualmente tenemos en guarda y tutela", ha subrayado. "El resto de centros de la red también puede atender a menores sin referentes familiares y, de hecho, lo hace, aunque son la excepción, por perfil, expectativas y edad, principalmente".
Esta red, ha continuado Antxustegi, se va "dimensionando" tanto en cantidad como en especialización en función de las necesidades de cada momento. Así, en 2022 se abrieron un centro especializado para adolescentes con graves problemas de comportamiento, con hasta diez plazas, y otro recurso, como consecuencia de la crisis migratoria derivada de la invasión de Ucrania, con otras 15 plazas.
Respecto a las críticas por parte de la oposición en relación a la saturación de dichos centros, Antxustegi ha respondido que la situación actual "dista mucho" de la que se vivió, por ejemplo, en 2018, como consecuencia del incremento en la llegada de menores extranjeros. "Eso sí fue tensionar la red", ha recordado.
El departamento se encuentra actualmente realizando una "reflexión" sobre este sistema de acogida, "para que el servicio que prestamos sea el mejor".
Respecto al caso concreto del centro de El Vivero, que siempre ha funcionado como un recurso de emergencia para momentos puntuales, como una elevada llegada de menores no acompañados o la pandemia del covid, Antxustegi ha avanzado que el departamento no descarta mantenerlo abierto de forma permanente. Eso sí, ha advertido de que, tal y como ya apuntó la Fiscalía, el centro, que es de propiedad foral, requiere de la ejecución de obras "grandes" para poder ofrecer una buena acogida.
Sin embargo, El Vivero está recogido en el plan general de ordenación urbana de Galdakao está calificado como "suelo no urbanizable con un uso característico de actividad agropecuaria y del medio natural", lo que imposibilita que se puedan recibir la licencia de obras, ya que se trata de un centro residencial. Ante esa situación, solo caben dos soluciones: que el Ayuntamiento modifique la calificación en el PGOU o declararlo de utilidad pública o interés social. La Diputación ya lo ha solicitado al Consistorio "en varias ocasiones, la última el 12 de mayo de 2022" pero "no se ha obtenido respuesta". La responsable foral ha señalado que seguirán intentando "salvar estas dificultades".
"Solo un repunte sobrevenido y extraordinario del fenómeno migratorio puede motivar su apertura a fin de darle respuesta de forma excepcionalísima".
