El Ayuntamiento de Santurtzi anunció ayer miércoles a través de su alcaldesa, Aintzane Urkijo, que “no ofrecerá ningún tipo de alojamiento a dichas personas. La Ley de Servicios Sociales recoge que hay un alojamiento de baja intensidad durante siete días para pasar las noches para personas transeúntes o personas sin hogar, pero siempre que acepten un itinerario social y este no es el caso. No habrá ningún tipo de reunión con estas personas para tratar ningún tema”. Asimismo, según ha podido saber DEIA las tres personas que okuparon la vivienda en la que supuestamente se trapicheaba con droga no están empadronadas en la localidad marinera, lo que, además, impide cualquier tipo de ayuda en este sentido.

En la comparecencia, desde el Consistorio marinero se puso en valor en voz de su edil de Seguridad Ciudadana, Itziar Utrera, “la valía de las denuncias presentadas ante la Policía municipal, ya que a consecuencia de las mismas se pudo realizar el juicio rápido que tuvo como resultado la orden de alejamiento. Es cierto que teníamos bastantes partes de ese edificio, pero ninguno era diferente a los que se pueden dar en otras comunidades”.

Mientras la alcaldesa de Santurtzi y la edil de Seguridad Ciudadana hacían estas declaraciones en el ayuntamiento de la localidad costera, a escasos 50 metros, en el pórtico de la iglesia de San Jorge estaban, al menos, dos de las tres personas que hasta el pasado martes a la noche okupaban de forma ilegal la vivienda de Santa Eulalia 13. Una de ellas, Alba, aceptó atender a los medios de comunicación para dar su versión. “Estamos viviendo en la calle y nos estamos buscando la vida como sea. Soy una vecina de Santurtzi de toda la vida, de Kabiezes y antes de estar en Santa Eulalia, por circunstancias de la vida, vivía en la calle”, aseguró esta mujer de 27 años.

En cuanto a las acusaciones de okupación de vivienda, ruidos y venta de drogas que han especificado en la última semana los residentes de la finca, Alba negó la mayor. “No hemos hecho ruidos, ni vendemos droga ni nada. No hemos okupado la vivienda porque le pagábamos al mes 350 euros al propietario para estar en esa casa. Cuando él ingresó en prisión, nos dejó quedarnos en la casa, sin contrato, a cambio de los 350 euros”, aseguró la joven, quien justificó su actitud ante los vecinos de Santa Eulalia 13. “Si vienen a buscarme la boca, no me voy a cortar, voy a por ellos”, aseguró esta mujer que tiene dos hijos de ocho y un año respectivamente que, tal y como indicó ella misma, están tutelados por la Diputación Foral de Bizkaia. “Pido a las instituciones que hagan algo por nosotros, que me den un piso para vivir y poder recuperar a mis hijas”, concluyó esta mujer.