El consejo de gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia aprobaba recientemente el anteproyecto de norma foral para la implantación del pago por uso a vehículos pesados de transporte de mercancías en cinco carreteras vizcainas, con lo que da un paso más para activareste sistema de nuevos peajes.
La propuesta del Gobierno foral que fue presentada el pasado mes de junio en las Juntas Generales del territorio, prevé la implantación gradual de arcos free flow destinados exclusivamente al pago del peaje para los camiones de más de 3,5 toneladas en la N-240, la BI-625, la N-636, la autovía A-8 y el corredor del Txorierri.
La aprobación del anteproyecto se ha llevado a cabo después del pronunciamiento favorable de la Comisión Europea a su propuesta. Durante la presentación de la iniciativa a las Juntas Generales, el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ya avanzó que la tramitación de la propuesta sólo proseguiría “si se hacía con todas las garantías y seguridad jurídica para evitar cualquier discriminación directa o indirecta, por cualquier motivo, a la hora de la identificar los tramos, colocar los arcos de control y establecer las cuantías del canon“.
Con la luz verde europea el anteproyecto seguirá su tramitación en las Juntas Generales. El nuevo sistema de pago por uso para Bizkaia busca “garantizar las condiciones óptimas de la red de carreteras en las que será aplicado, mediante una gestión más eficiente y equilibrada, que garantice la suficiente inversión para la conservación, mantenimiento y explotación de la red”, tal y como recordaron fuentes de la institución foral.
También tiene como objetivo “acercarse a las directrices y objetivos de descarbonización” de las economías europeas establecidos en la Unión Europea, “incentivando a los grandes camiones de más de 3,5 toneladas a reducir las emisiones” de gases contaminantes [CO2] y al mismo tiempo mejorar la seguridad en la red viaria.
“La Unión Europea ya ha marcado el camino a los gobiernos para implementar una movilidad limpia, competitiva y sostenible”, recordaba Pradales en aquella sesión plenaria en el Parlamento vizcaino. De hecho, las propias Juntas Generales de Bizkaia ya instaron en 2019 al Ejecutivo foral a resolver “las disfuncionalidades detectadas en la red viaria de Bizkaia”. Para ello se elaboró el documento Directrices y Criterios Generales para la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Carreteras.
El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial recordó también que ese documento recoge la “necesidad” de poner en marcha un modelo que permita una utilización “más racional de la red; internalizar los costes externos derivados del uso indebido de las infraestructuras por parte del tráfico de vehículos pesados; recuperar los costes de conservación y gestión de las carreteras -que se estiman en 88,6 millones de euros al año- y garantizar la igualdad de oportunidades independientemente del origen y destino de las mercancías.
Para abordar esta transición hacia una movilidad más sostenible y ordenada, la institución foral entiende que “es necesario” poner en práctica el instrumento que se aplica en el conjunto de la UE: el sistema del pago por uso, que supondrá aplicar un canon a los vehículos utilizados para el transporte de mercancías y con un peso superior a las 3,5 toneladas.
El sistema prevé la colocación arcos de control con sistema free-flow, equipados con detectores de tránsito e identificadores de vehículos para poder aplicar un canon sin necesidad de detener el tráfico. Los arcos destinados exclusivamente a los grandes camiones van a instalarse de manera gradual en las siguientes vías: N-240, BI-625, N-636, A-8 y Txorierri. La Diputación cree que será necesaria la instalación de cerca de una treintena de arcos de control en las carreteras citadas.
