La Diputación Foral de Bizkaia efectuó casi 10.500 inspecciones en los diferentes servicios sociales que presta durante 2020, un año muy especial por la pandemia que también exigió la activación de dos planes concretos para controlar la situación de las residencias de mayores.
El diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, ha actualizado esta mañana los datos ofrecidos en enero pasado sobre los mencionados dos planes en la comisión de Juntas Generales donde también ha repasado el balance del Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales que se ha tenido que adaptar al especial escenario sanitario.
En cuanto a las acciones específicas con motivo del covid 19 han supuesto casi 2.000 inspecciones y visitas a residencias de mayores que arrojaron un resultado de 300 avisos por no respetar los procedimientos de limpieza, 73 requerimientos por diferentes razones y la apertura de 22 expedientes sancionadores que finalmente acabaron en amonestación al revertir la infracción detectada.
En este contexto también la Diputación recibió hasta febrero pasado 1.560 llamadas de familiares y centros residenciales exponiendo dudas y contabilizaron un total de 967 quejas, "una cifra sin duda superior a la de años anteriores", ha reconocido Murillo.
Con respecto al plan de inspección general que se activa cada año, durante el pasado ejercicio "se ha priorizado la activación de los mecanismos necesarios para evitar el efecto de la pandemia en los centros además de articular funciones inspectoras complementarias a las previstas", ha concretado el diputado foral.
Así, se llevaron a cabo más de 5.000 actuaciones inspectoras especificas en contexto de covid, "lo que ha supuesto más inspecciones en los centros que nunca", ha dicho Murillo. El equipo de inspección foral, compuesto por 20 funcionarios, visitó centros residenciales de mayores y discapacitados, de día, viviendas comunitarias y apartamentos tutelados, además de centros de menores y para mujeres víctimas de violencia de género.
En todos ellos ha destacado que "las vulneraciones han bajado a 19 tan solo y 15 de ellas fueron vinculadas a la decisión casi humanitaria que tomamos durante el primer estado de alarma de no cesar la guarda de ningún menor por mayoría de edad".
Además, se ha efectuado el seguimiento de 2.618 planes de actuación individual y cuidado de las personas ingresadas en los diferentes centros sociales que "han supuesto un aumento del 13% con respecto al año anterior", ha dicho el diputado.
CUIDADO CON LOS CUIDADORES
Donde no han crecido las revisiones ha sido en los cuidados que se prestan a mayores y discapacitados en sus propias viviendas, "por la imposibilidad de acudir a los hogares durante el confinamiento estricto", ha asegurado. Así se han quedado en 3.460 revisiones de las 5.324 que se esperaban efectuar. En este 65% del objetivo cumplido, el 95% de las inspecciones no arrojaron problema alguno.
Eso sí, se registraron 195 incidencias entre las que destacan los 91 casos "por sobrecarga de los cuidadores lo que supone un aumento del 2,5%, sin duda, como consecuencia de la incidencia de la pandemia", ha aclarado Murillo. A pesar de la excepcionalidad ha indicado que "tenemos que estar muy atentos y hacer un seguimiento". Son llamativos también los nueve casos detectados por riesgo de malos tratos "de los que se ha hecho seguimiento aunque en ningún caso ha llegado a presentarse en la Fiscalía", ha detallado.
Otro elemento examinador foral fue que las prestaciones sociales que se entregan "corresponden a quienes las necesitan realmente", ha especificado el diputado. Se han revisado todas, 37.340, que suponen un monto económico de 66 millones de euros, de los cuales se ha pedido el reintegro de 2,07 millones por incumplir la normativa, lo que supone un 3,12% del total.
Finalmente, se revisaron los 25 millones de euros que se ha entregado como subvenciones a diferentes entidades requiriéndose la devolución de un 0,22% de los importes revisados.
Murillo ha resumido su intervención diciendo que "ha sido un año muy difícil con un esfuerzo hercúleo en el seguimiento y evaluación de los recursos" pero ha considerado que "no se podía suspender porque esto también es importante incluso en escenario de pandemia, quizás más importante".
Los grupos de la oposición agradecieron los datos aportados aunque pidió un reforzamiento del servicio de inspección a pesar de que el diputado de Acción Social informó que a partir de noviembre próximo se incorporará un inspector más al grupo actual. La oposición ha considerado que no era suficiente.
