BILBAO. El concejal de Movilidad, Alfonso Gil, ha informado hoy de estas sanciones en una comisión municipal, a petición de los grupos PP y Ganemos Goazen Bilbao (GGB), en la que ha explicado la situación del pleito judicial que afecta al servicio de la OTA en la capital vizcaína.
El Ayuntamiento adjudicó en junio de 2016 el contrato del servicio de OTA a la UTE formada por las empresas Gertek y Acciona por un importe de más de 37 millones de euros (sin IVA) y un período de 4 años ampliable a otros dos.
La unión empresarial que quedó en segundo lugar en el concurso público, integrada por las compañías Eysa y Cycasa, recurrió la adjudicación ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de Euskadi -dependiente del Gobierno vasco-, que estimó la apelación y excluyó a la UTE elegida por el Ayuntamiento en primer lugar.
La exclusión de Gertek y Acciona conllevó la adjudicación del contrato, por orden del OARC, al licitador clasificado en segundo lugar, es decir, a Eysa y Cycasa.
El pasado mes de abril, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó los recursos presentados por el Ayuntamiento de Bilbao y Gertek-Acciona contra la resolución del OARC y declaró la "validez" de la primera adjudicación hecha por el Consistorio.Eysa-Cycasa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero posteriormente desistió.En esta situación, el Ayuntamiento de Bilbao quiere que Gertek y Acciona se hagan cargo del servicio y estima que el "tránsito de empresas" podría estar culminado en el primer semestre del próximo año, según ha avanzado Gil.
El concejal ha considerado que Gertek tiene "disposición" a asumir la OTA, aunque todavía no ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento sus intenciones.
"Si no quiere Gertek... no barajamos esa variable, pero tampoco la descartamos", ha dicho Gil.Ha señalado que el Ayuntamiento está a la espera de recibir de Eysa-Cycasa el centro de control de la OTA, que por contrato debió poner en manos del consistorio en agosto de 2017.
Por no entregar el centro de control y por otras causas, el Ayuntamiento está imponiendo sanciones a Eysa-Cycasa que alcanzan casi 300.000 euros al mes. En noviembre, la multa por no ceder el centro ha llegado a 214.000 euros.
Dado que las penalizaciones van aumentando según pasa el tiempo sin disponer del centro de control, Gil ha considerado que esta circunstancia favorecerá que "el tránsito (de empresas) sea más rápido".Los grupos de la oposición han puesto el acento en considerar que las empresas pedirán "responsabilidades" económicas por lo sucedido y que los ciudadanos acabarán "pagando" por ello.
"Si Gertek o Eysa creen que tiene que pedir responsabilidades, saben el camino, y no es este Ayuntamiento. Con la sentencia del TSJPV, me han eximido de responsabilidades", ha afirmado Gil.
"Quien tendrá que determinar si hay responsabilidades a terceros será un juez. Alguno pagará, desde luego el Ayuntamiento, no", ha añadido.
El edil ha señalado que, cuando se reciba el centro de control, se determinará qué inversiones han hecho las empresas y cuáles faltan por amortizar. "El siguiente licitador se tendrá que hacer cargo de ellas", según Gil.
