La Audiencia Provincial ratifica que el alcalde de Zamudio no ha cometido prevaricación

Zamudio. La Audiencia Provincial de Bizkaia corrobora lo que ya afirmó el pasado abril el Juzgado número 3 de Bilbao: no hay prevaricación en la actuación del alcalde de Zamudio, Igotz López, con respecto a la solicitud de una licencia de obras que cursó un vecino de la localidad para marcar su terreno con unas traviesas. La eterna polémica de las estacas que costó la inhabilitación política de la anterior alcaldesa de Zamudio, Sorkunde Aiarza, y que después ha cuestionado la gestión del actual regidor, camina hacia su fin.

Y es que la Audiencia Provincial de Bizkaia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el vecino denunciante al auto que emitió el Juzgado numero 3 de Bilbao; un auto en el que se dejaba constancia de la "insuficiencia de indicios" para sostener la imputación pretendida por los delitos de prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial. Ahora, el auto de la Audiencia considera "acertada" la resolución del Juzgado de Instrucción al decretar el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias. Ya no cabe recurso alguno. Tal y como establece el texto, ahora la controversia deberá derimirse en el ámbito contencioso administrativo que se encuentra abierto. Pero López, que ya ve cerrada la vía penal de la polémica, está tranquilo. "Se ha actuado correctamente", asegura. "No es algo que me haya quitado el sueño, porque tenía claro que no ha habido una mala actuación", afirma. "Lo que quiero es zanjar este asunto", añade.

los antecedentes Para entender esta compleja historia hay que remontarse a 2010, cuando el Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbao condenó a la anterior alcaldesa de Zamudio a nueve años de inhabilitación política por un delito de prevaricación debido a una decisión del Consistorio de derruir unas obras iniciadas por un vecino, José Mª Zárate, para delimitar su terreno con unas traviesas. Ya con Igotz López como alcalde, Zárate volvió a pedir permiso para acometer la obra, y el Ayuntamiento emitió un decreto que reproducía lo establecido por el informe jurídico del asesor municipal, que indicaba que Zárate debía concretar si lo que quería era hacer un cerramiento o una delimitación, y que, en ambos casos, debía seguir las pautas que marcan las normas urbanísticas.

El informe fue elevado a la comisión de Urbanismo integrada por toda la corporación. López rubricó el decreto y la edil Elena Iglesias firmó la notificación que se envió al vecino. Entonces, Zárate se dirigió a los juzgados viendo en ese decreto un supuesto delito de prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial.

El vecino ha elevado ya dos recursos en todo este proceso, y el auto que ha emitido ahora la Audiencia Provincial de Bizkaia parece zanjar la cuestión, alegando que no cabe hablar de un delito de prevaricación continuada, mientras que tampoco aprecia nuevo delito o arbitrariedad en el proceder de López y de Iglesias.

No obstante, Igotz López quiere dejar claro que a Zárate "no se le ha denegado la licencia". "Al contrario, se le concede. Pero tiene que aclarar si lo que quiere es cerrar o delimitar los terrenos", concluye.