Barakaldo y su equipo de gobierno están en el punto de mira. La polémica se ha suscitado con la adjudicación, y posterior gestión, del centro de día del municipio. Desde hace meses, no cesa de salir a la luz pública la relación entre la Alcaldía y las empresas Syasdo y Syasbro, ambas unidas en la UTE Futuro para Barakaldo y accionariadas en su mayoría por el grupo Qualityser. Decretos de Alcadía, prórrogas verbales, pisos de protección entregados a personas allegadas al concejal de Urbanismo, trato de favor al padre de este mismo edil, pagos por servicios no prestados, filtraciones... En definitiva, un sinfín de acusaciones que han tenido el remate final la pasada semana con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y su demoledor informe. El documento recoge numerosas irregularidades graves en la gestión del alcalde, Tontxu Rodríguez. Estos son algunos de los frentes abiertos.
UNa UTE, mismos problemas
Syasdo y Syasbro
Syasdo siempre ha estado unida a los servicios sociales de Barakaldo. Ha sido gestora del Centro de Integración Social (CIS), o lo que es lo mismo, del centro de día de Los Hermanos, entre 2000 y 2007. A partir de esta fecha, y hasta la actualidad, forma parte de la UTE Futuro para Barakaldo, unión de empresas que se formó para acceder de nuevo al servicio del CIS. Un decreto de Alcaldía se lo concedió primero en 2007, y se lo prorrogó después, en 2009 y 2010.
Syasbro, por su parte, se encargó del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), hasta que el pasado 31 de diciembre perdió la gestión y fue sustituida por la empresa Servisar.
A lo largo de la última década, Syasdo y, posteriormente, Futuro para Barakaldo se han visto envueltas en numerosas polémicas. Según se recoge en el propio informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la gestora del CIS ha cometido numerosas irregularidades -situación avisada en reiteradas ocasiones por el secretario municipal, el interventor y la jefa del Servicio Jurídico de Acción Social- tales como no estar al corriente de los pagos con Hacienda y la Seguridad Social o presentar facturas poco claras. De hecho, la UTE estuvo facturando dos años por un servicio que nunca prestó. Y es que, en la última adjudicación, Futuro para Barakaldo también asumió la gestión del centro de día de La Paz, en Cruces. El problema es que el centro nunca abrió sus puertas. Aun así, Futuro para Barakaldo facturó al Ayuntamiento fabril durante dos años por un importe de casi 800.000 euros. Pero, además, la adjudicataria subcontrató el servicio del CIS en más de un 73% -la legalidad establece el límite del 50%- al grupo Qualityser. El último escándalo en el que se ha visto envuelta esta UTE ha sido la evidencia, recogida en una sentencia judicial, de que la anterior concejal de Acción Social, Izaskun León, envió varios emails a la empresa con información sobre el pliego de condiciones del servicio del CIS ocho meses antes de que ésta se hiciera pública para todos los posibles candiatos.
Tontxu Rodríguez
La firma del alcalde
La relación entre el alcalde, Tontxu Rodríguez, y las empresas de la UTE Futuro para Barakaldo es cuando menos sorprendente. El primer edil se ha empeñado una y otra vez en dar su confianza a estas empresas para gestionar el CIS de Barakaldo. Y ello pese a que, en reiteradas ocasiones, el interventor municipal -principal fiscalizador del Consistorio- había desaconsejado hacerlo. El funcionario hablaba en sus escritos de falta de objetividad y subcontratación, inclusión de gastos que no se correspondían al contrato y estimación de déficit desproporcionado. Aun así, Rodríguez siempre mantuvo su confianza en la UTE y aprobó, vía decreto de Alcaldía, todos y cada uno de los acuerdos que aseguraban la continuidad de la gestora. Así, Rodríguez autorizó el pago de casi un millón de euros, entre junio de 2006 y marzo de 2007, como prórroga al contrato, sin que hubiera un acuerdo expreso para la misma. Además, pese a tener también informes contrarios, aprobó el pago de casi dos millones de euros a la empresa Syasdo entre mayo de 2004 y finales de 2007. Hizo lo mismo los años posteriores, cuando ya la UTE había asumido la gestión del CIS. Rodríguez, además, asumió la contratación de Futuro por Barakaldo en 2007 y las sucesivas prórrogas de 2009 y 2010.
El concejal de urbanismo
Pisos y atención familiar
La polémica relación entre la gestora del CIS y el Ayuntamiento de Barakaldo extiende sus tentáculos hacia el concejal de Urbanismo del municipio. Jesús María González Suances ha sido acusado de ofrecer un trato de favor a su padre, quien, según se demuestra con varias facturas, fue atendido en el centro de día de Los Hermanos pese a no aparecer en ninguna de las listas de usarios. Las facturas, entre septiembre de 2007 y octubre de 2008, ascendieron a un montante cercano a los 22.000 euros.
No es el único escándalo que ha salpicado a Suances. El edil de Urbanismo negó tajantemente que cinco allegados suyos hubieran accedido a sendos pisos de protección local. Pese a ello, las pruebas apuntaban a que una hija suya, su guardaespaldas, dos familiares de personas de confianza de su departamento y otro edil socialista accedieron a estas viviendas de protección, destinadas al realojo de los vecinos de La Siebe. Precisamente, estos afectados no pudieron acceder a estos cinco pisos -al parecer, los más grandes del complejo- porque ya estaban reservados de antemano.
Misma constructora
Viviendas y La Paz
La misma constructora que debía edificar los pisos de protección de La Siebe tenía el compromiso, como carga urbanística, de construir un centro de día. Así, La Paz fue adjudicada a la UTE Futuro para Barakaldo. El problema es que el centro de día de Cruces, cinco años después, sigue sin abrir las puertas, mientras la UTE ha cobrado ya los servicios de dos años.
Así las cosas, el Ayuntamiento de Barakaldo se defiende asegurando que siempre ha cumplido con la legalidad. Hace unos días, invitaba a la oposición a que le llevara a los tribunales si tenía algo que recriminar de su gestión. El PNV respondió que, si el alcalde no reúne a la Junta de Portavoces, él mismo acudirá a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado, dependiente de la Fiscalía General, para que aclare las presuntas anomalías.
