Bilbao. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) constata en un informe datado el 4 de marzo de este año graves irregularidades en la gestión del servicio de centro de día de Barakaldo por parte del Ayuntamiento de la localidad. Entre ellas, ratifica que el alcalde, Tontxu Rodríguez, ha autorizado pagos a las empresas contratadas para la prestación del servicio -Syasdo y la UTE Futuro para Barakaldo-, a través de decretos de Alcaldía, aunque las facturas presentadas por esa unión de empresas contaban con informes contrarios del interventor municipal, tal y como informó DEIA el pasado mes de noviembre. Asimismo, señala que entre junio de 2006 y marzo de 2007 se ejecutó el contrato para prestar ese servicio "sin que conste acuerdo expreso de prórroga extraordinaria por parte del Ayuntamiento", con un gasto registrado de 915.000 euros, cuando ese contrato había finalizado.
El informe del TVCP analiza los dos contratos suscritos en 2000 y en 2007 para la explotación del servicio del centro de día en la localidad fabril. Respecto al primero, constata que el Consistorio baracaldés adjudicó unas obras de mejora de las instalaciones y de acondicionamiento del Centro de Integración Sociocultural (CIS) que no estaban previstas en el contrato de gestión y valoradas en 577.000 euros "prescindiendo de los procedimientos legalmente previstos".
También señala que desde mayo de 2004 y hasta finales de 2007, con Tontxu Rodríguez como alcalde del municipio, se resolvió vía decreto de Alcaldía abonar las facturas presentadas por la adjudicataria, Syasdo, que contaban con informes contrarios al pago realizados por el interventor municipal. Estos pagos ascenderían, según indica el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el documento dado a conocer ayer, a 1.991.000 euros.
Junto a esas irregularidades, apunta la ya mencionada del mantenimiento del contrato con la empresa sin que se hubiera acordado su prórroga y, además, que el Consistorio aún -a fecha de 4 marzo, cuando está datado el informe- "no ha llevado a cabo la liquidación del mismo, ni ha procedido a la devolución de la fianza definitiva a la empresa adjudicataria, incumpliendo el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratación de la Administración Pública", una circunstancia que vulnera también la normativa vigente.
Otros 2,9 millones En cuanto al segundo contrato, que el equipo de gobierno de Tontxu Rodríguez rubricó con la UTE Futuro para Barakaldo -conformada por Syasdo y Syasbro-, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas confirma que también se produjeron pagos de facturas que contaban con informes técnicos contrarios a través de decretos de Alcaldía. Según consta en el documento del TVCP, Rodríguez autorizó en contra del criterio técnico pagos por importe de 2.934.000 euros entre los meses de julio de 2007 y enero de 2009.
El informe señala, asimismo, que el 9 de marzo de 2009 se aprobó la prórroga del contrato con dicha UTE también a través de un decreto del alcalde porque existía un informe del interventor que apuntaba que uno de los integrantes de la unión de empresas no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, una aseveración del técnico municipal que DEIA ya recogió en sendas informaciones publicadas en octubre y noviembre del año pasado.
Este periódico también informó de la existencia de otro documento elaborado por el interventor del Ayuntamiento fabril que ahora recoge el TVCP y que "pone de manifiesto que la subcontratación del servicio alcanza el 73% del mismo y se realiza con empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial que la adjudicataria, incumpliendo con ello" la normativa que regula los contratos de las administraciones públicas. Esta normativa, como refleja el análisis del TVCP, establece un porcentaje máximo de subcontratación del 50% y que dicha subcontratación con terceros sólo podrá realizarse sobre prestaciones accesorias del servicio.
Por estas y otras cuestiones que contiene el informe, los responsables del TVCP concluyen que tanto en el primer contrato como en el segundo, concurren "deficiencias" para iniciar un proceso de finalización del contrato con las empresas adjudicatarias; algo que no se ha hecho.
