El municipio de Muskiz es uno de los ayuntamientos vizcainos que cuenta con un menor índice de desarrollo económico a pesar de que en sus terrenos se asienta una de las empresas que mayores aportaciones hace a la Hacienda foral, la empresa petroquímica Petronor.

La razón estriba en que en esa catalogación intervienen diversos factores entre los que aparecen las afecciones medioambientales o el hecho de que no existan zonas naturales en el entorno urbano a pesar de que la localidad cuenta con casi 21 kilómetros cuadrados de extensión, la mayoría ocupada por masa forestal pública.

"No es de recibo que a Muskiz se le acuse de insolidario por oponerse a una planta como la del coque cuando sus vecinos han hecho un gran esfuerzo en términos de calidad de vida en favor del desarrollo económico de Euskadi", denuncia el concejal de Medio Ambiente del enclave minero, Marcos Cucó.

"Ya nos gustaría que aquí se pusiera en cifras, como están haciendo en otros países europeos, la contribución que ha aportado Muskiz al desarrollo de la Comunidad. Igual nos tenían que pagar dinero", proclama el edil, cuya frontal oposición a la planta de reducción de fuel oil, como proclamó su partido, Eusko Alkartasuna en campaña electoral, le costó la primera amonestación.

Un tema que está en los juzgados y cuya resolución puede darse cuando la planta ya esté en funcionamiento, "a pesar de que en 2012 vence el plazo de concesión de un millón de metros cuadrados que están afectados por la Ley de Costas", incide Cucó.

No es, sin embargo, la nueva planta de coque la única afección ambiental que ha llevado a Muskiz a tener expedientes abiertos en los juzgados. "Tan sólo la convivencia con la refinería es una constante fuente de desasosiego para los vecinos que han planteado más de 1.000 quejas por emisiones, ruidos y vertidos", indica el concejal, quien avanza que Petronor instalará en breve una segunda cabina de medición de volátiles en suspensión en San Julián, "dotada con estación meteorológica tal como nos recomendaron desde la EHU-UPV".

A ello se añade la reciente afección sobre la playa de La Arena con el dragado promovido por la Autoridad portuaria de Bilbao, "que puede suponer un desbarajuste para el arenal que visitan cientos de miles de vizcainos", destaca. "Las leyes medioambientales se hacen para proteger a las empresas, no a los ciudadanos", critica Cucó, quien recela de los estudios de impacto ambiental "que son hechos por las propias empresas y las alegaciones, contestadas por ellos mismos. Las administraciones no han velado por los intereses de los vecinos sino de las empresas", acusa. Y no sólo eso, Muskiz está presente con alegaciones en la red de alta tensión o el gasoducto a Cantabria.