Una marcha lenta de cerca de 400 taxis, según datos aportados por los convocantes, ha evidenciado este lunes en Bilbao su reivindicación para que las instituciones intensifiquen los controles a las autorizaciones de VTC que operan a través de plataformas como Uber y Cabify. Su reclamo no ha caído en saco roto, ya que UPTA Euskadi, promotora de la manifestación, ha conseguido reunirse con el director de Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia, institución competente el control de los VTC. No obstante, desde la entidad foral, que ha impuesto cinco sanciones este año, les han trasladado las dificultades para llevar a cabo este tipo de inspecciones, ya que no pueden parar automóviles en tránsito si no es con la ayuda de agentes locales.

De las 283 autorizaciones de VTC que existen son cerca de 41 las que pueden hacer servicios interurbanos, pero nos consta que hay muy poco control sobre este tema. El director ha tenido que admitir que esto es así porque los medios que se disponen no son suficientes”, ha expuesto Silvia Martínez, portavoz y secretaria general de UPTA Euskadi, tras la reunión que ha mantenido con Antonio Jaraices, director general de Transportes, al que le han hecho llegar su tabla reivindicativa en relación a las competencias de la Diputación. En ese sentido, Martínez ha recordado que la infracción más grave en la que incurren actualmente los conductores con autorizaciones de VTC es la realización de recorridos interurbanos, algo prohibido para todas aquellas autorizaciones que no gozan de la moratoria otorgada por el Ministerio hasta mayo de 2026. 

Con el objetivo de “frenar el continuo deterioro de las condiciones de trabajo de los taxistas y sectores anexos, motivadas por las ilegalidades manifiestas de dichas empresas”, la convocatoria, que no ha contado con el apoyo de la Federación Vasca del Taxi, ha reunido a centenares de conductores en Bilbao. “Hemos partido cerca de 200 taxis del punto de encuentro que teníamos en Erandio”, ha detallado Martínez, quien ha indicado que acto seguido se han trasladado al Aeropuerto de Bilbao y, posteriormente, han puesto rumbo a la capital vizcaina, donde se les han unido más vehículos hasta “formar una marcha lenta de cerca de 400 taxis”. Según ha puntualizado Martínez, “no han provocado ninguna retención ni ningún perjuicio al tráfico en todo el recorrido, pero se han hecho notar”.

SANCIONES

Fuentes de la Diputación Foral de Bizkaia –la única institución que ha accedido a reunirse con UPTA Euskadi después de que emplazaran también al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Bilbao– han confirmado que en el año 2025 la Dirección de Transportes ha impuesto un total de cinco sanciones a vehículos de transporte con conductor: cuatro de ellas fueron motivadas por realizar transporte urbano y una fue por no disponer de hojas de reclamaciones a disposición del usuario, tal como exige la normativa. “Las sanciones van desde los 1.500 euros hasta los 40.000 euros en caso de reincidencia”, han especificado las mismas fuentes. En ese sentido, han recordado que las inspecciones de la dirección de transportes se realizan mediante dos vías. Por una parte, el análisis de los registros de viajes que las empresas están obligadas a mantener y comunicar y, por otra parte, los controles presenciales sobre el terreno, que incluyen entrevistas con personas usuarias para verificar el cumplimiento de la normativa.

En todo caso, han reconocido un “handicap” para llevar a cabo esa labor de inspección: parar vehículos en tránsito requiere la colaboración con las policías municipales correspondientes a cada municipio. “Hemos pasado informes pero queremos reforzar, sobre todo, la cooperación con la Policía Municipal de Bilbao”, han detallado. Por su parte, fuentes del área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, por otro lado, han corroborado que del 23 al 30 de junio la Policía Municipal llevó a cabo una campaña para controlar taxis y VTC en la que interpusieron nueve sanciones. Es de ahí de donde posteriormente se tramitan las denuncias de la Diputación, ya que el Consistorio solo tiene competencias en materia de infracciones de tráfico.