El apoyo en los recursos tecnológicos para favorecer la protección civil y la seguridad ciudadana es cada vez más habitual en la Policía Municipal de Bilbao. Si hace un año el Ayuntamiento licitaba un contrato para que los agentes llevaran cámaras corporales, ahora pretende integrar la vigilancia aérea a través del uso de drones. Con ese fin, el Consistorio ha licitado un contrato para emplear estos dispositivos en eventos masificados, situaciones de alerta meteorológica o emergencias de carácter grave. No obstante, a diferencia de otras cámaras adquiridas por el área en el último año, en este caso el Ayuntamiento no comprará los drones, sino que contratará los servicios de una empresa que los ofrezca. Eso sí, el pliego de condiciones concreta que la compañía podrá recibir solicitudes de activaciones de vuelo los 365 días del año durante las 24 horas al día. La licitación ha salido por un valor de 29.967,92 euros con IVA incluido.
Este contrato es el resultado del proyecto piloto llevado a cabo en 2022 dentro de la Estrategia Digital del área de Seguridad en el que se comprobó la eficacia y operatividad técnica de la utilización de drones. Aunque en años posteriores no ha tenido continuidad, las conclusiones que se obtuvieron de dicho proyecto fueron “satisfactorias”. En todo caso, en los últimos años, con motivo de Aste Nagusia concretamente, el servicio de Protección Civil ha contado con un apoyo de realización de vuelos mediante drones con carácter preventivo para la detección de posibles conatos de incendios o puntos calientes durante y tras el lanzamiento de fuegos artificiales. Así, justifican que los vuelos permiten una “mayor gestión de las múltiples situaciones de emergencia posibles” que se pueden producir al ofrecer “información ágil y caliente”. Una vez comprobada su eficacia, se convierte en una “herramienta imprescindible para protección civil y seguridad”.
Las necesidades a satisfacer a través de los vehículos aéreos no tripulados por el Ayuntamiento bilbaino serán diversas. Por una parte, se emplearán para llevar a cabo una evaluación “rápida y segura del entorno” en situaciones de riesgo como eventos multitudinarios, incendios, accidentes viales, derrumbes o catástrofes naturales”, donde el dron permite realizar un “reconocimiento aéreo inmediato”, facilitando la toma de decisiones rápidas sin exponer al personal en primera instancia. También servirá para incorporar mejoras en operaciones de búsqueda y rescate, ya que, al estar equipados con cámaras térmicas y de alta resolución, “los drones son una herramienta invaluable para localizar personas desaparecidas, especialmente en zonas de difícil acceso o baja visibilidad, como bosques, montañas, áreas inundadas, etc.”.
En esa línea, el uso de estos dispositivos posibilitará reducir el riesgo para el personal evitando el ingreso inmediato a zonas potencialmente peligrosas, permitiendo evaluar condiciones desde una distancia segura. Asimismo, su “eficiencia operativa” facilitará el “ahorro de recursos” puesto que, comparado con el uso de helicópteros o desplazamientos terrestres extensos, el dron ofrece una “solución ágil y de bajo costo”, lo que reduce tiempos de respuesta y optimiza el uso de recursos humanos y materiales. Por otro lado, se empleará como apoyo en coordinación y toma de decisiones. “El dron facilita la transmisión de imágenes en tiempo real, lo que mejora la comunicación entre los equipos de intervención y el centro de mando, permitiendo una respuesta más coordinada”, exponen. Por último, los drones servirán para llevar a cabo el registro visual de cara a documentar y investigar, ya que “las imágenes captadas pueden utilizarse para análisis posteriores, evaluación de daños, informes periciales y mejoras en protocolos de actuación”.
Según se detalla en el pliego de condiciones, los drones se operarán de acuerdo con las normativas europeas y estatales aplicables. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá estar registrada como operadora de drones y los pilotos adscritos a este servicio deberán tener en vigor las titulaciones exigidas. Por otro lado, también se detalla que en caso de las intervenciones ante eventos serán comunicadas con una antelación mínima de 72 horas y que el tiempo de actuación se estima en unas ocho horas. No obstante, en caso de necesidad urgente que impida cumplir con los tiempos de aviso establecidos, la empresa intentará realizar el servicio con un tiempo de respuesta mínimo. Paralelamente, se estipula que se deberá hacer entrega de los vídeos grabados durante los vuelos, totalmente editados, incluso de aquellos termográficos para archivar o consultar en caso de incidente.
El adjudicatario será, además, responsable de tramitar ante los organismos competentes todos los permisos necesarios para los vuelos. Estas se clasificarán en tres modalidades. Las primeras serán las actuaciones planificadas o eventos multitudinarios –como la final de la Europa League celebrada el pasado mayo, por ejemplo– para los que se deberá notificar con antelación. En el caso de activaciones de alertas meteorológicas –los avisos ante la posibilidad de inundaciones encajarían en esta clasificación– se tratará de que haya uno o dos días de antelación. Por último, con motivo de una emergencia o una incidencia de carácter grave –podría tratarse de un accidente de tráfico– podría requerirse un servicio de forma inmediata. En todo caso, el tiempo máximo de vuelo será de 15 minutos, independientemente del tipo de aviso que lo haya originado.
Antecedentes
Cuando se llevó a cabo la iniciativa piloto, el Ayuntamiento pretendía evaluar la utilidad del sistema de drones equipados con cámaras para mejorar la vigilancia de la ciudad en el caso de eventos que congregan a una gran multitud de personas, como manifestaciones o pruebas deportivas, además de fiestas. En ese momento, Adolfo Alustiza, director de la Policía Municipal, advertía que la iniciativa no estaba exenta de dificultades técnicas, principalmente porque la villa se encuentra dentro del espacio aéreo del aeropuerto, pero también por el gran número de árboles que existen, lo que dificulta el vuelo de estos dispositivos y la visión que se pueda tener desde las alturas. En cualquier caso, tras la experiencia piloto que comenzó a finales de noviembre de 2022, el área de Seguridad ha concluido la utilidad de emplear drones en su labor. No obstante, también han deducido que no compensa la adquisición de estos vehículos aéreos no tripulados debido a su obsolescencia, por lo que se ha estimado que es preferible contar con la asistencia de una empresa externa.
Dentro de esta misma estrategia, por contra, el Ayuntamiento de Bilbao ha licitado diferentes contratos públicos para dotar al área de Seguridad de recursos tecnológicos con los que mejorar su labor diaria. Es el caso de las 27 cámaras corporales que se licitaron el año pasado por valor de 78.650 euros. Aunque ya se contemplaba que el uso de estos dispositivos fuera más bien puntual, se pretendía “reducir el número de quejas emitidas por los ciudadanos, generar un efecto disuasorio frente a la escalada de conflictos y mejorar el soporte evidencial de cara a procesos judiciales, entre otros beneficios”.
En esa misma línea, el Ayuntamiento licitó en octubre del año pasado un contrato para dotar de cámaras embarcadas a las tres furgonetas de Inspección de Investigación de Accidentes a su disposición para ejercer funciones de movilidad. El contrato, con un coste de 72.000 euros con IVA, pretendía ofrecer a los agentes locales “un mayor contexto en el marco de una actuación o incidente”. Asimismo, antes de que finalice el año el Ayuntamiento de Bilbao instalará 17 cámaras de vigilancia en diferentes puntos del Casco Viejo después de haber sacado a licitación un contrato de 138.754 euros con IVA. Además de las calles Iturribide y Fika, se prevé que se vigilen las inmediaciones de Calzadas de Mallona, el tramo inferior de la calle Prim y la plaza Tomás Meabe.
