Apenas un día después de que entrara en vigor el régimen sancionador para los vehículos contaminantes que incumplen la prohibición de acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Bilbao, la justicia ha tumbado esa misma normativa en Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anunció ayer la anulación de la ZBE –que se circunscribe al distrito Centro y a la Plaza Elíptica– tras una alegación tramitada por Vox en 2022, cuando denunció irregularidades en el proceso de aprobación de la ordenanza. “Estamos tranquilos”, ha declarado al respecto Nora Abete, concejala bilbaina de Movilidad y Sostenibilidad, que no teme que pueda ocurrir lo mismo en la capital vizcaina.
La sentencia, que no es firme, ya que cabe la interposición de un recurso de casación, estima los argumentos del partido de ultraderecha al percibir la “notoria insuficiencia” de los informes previos a la aprobación del texto y, concretamente, observa una “manifiesta insuficiencia” del informe de impacto económico previo a que saliera adelante en el pleno municipal madrileño. En ese sentido, Abete ha defendido que, en el caso de Bilbao, se tuvo “muy en cuenta todos los criterios que marcaba el real decreto de cómo tenían que ser esas zonas” y, asimismo, ha apuntado que cuentan “con un estudio de impacto económico y de impacto social”.
Otro de los aspectos en los que incide la sentencia es en el aspecto discriminatorio de la restricción, ya que afecta más a aquellos conductores de menor capacidad económica al ser los propietarios de los vehículos más contaminantes, aquellos de etiqueta A cuya entrada se prohíbe a la ZBE: los de gasolina anteriores al año 2000, y lo diésel anteriores a 2006. En es línea, la concejala de Movilidad ha argumentado que durante el proceso de elaboración de la ordenanza su área se reunió “con muchos colectivos de autónomos, vecinos y sectores de actividades concretas”. Según ha manifestado, atendiendo a sus peticiones, han establecido una implantación “más progresiva” y han incluido “un paquete de moratorias y exenciones precisamente para dar respuesta a esas situaciones”.
“Creemos que nuestra aplicación progresiva permite que todo el mundo pueda hacer una transición justa y con un horizonte más largo”, ha declarado este miércoles la concejala, quien ha puntualizado que desde su área se otorgan ayudas para la transición a colectivos como taxistas o empresas de reparto. Asimismo, ha recordado que es el Gobierno vasco la institución que subvenciona la compra de coches eléctricos para particulares. “Las multas no son el objetivo de la ordenanza, lo que queremos es que la gente se conciencie y entienda que la ZBE es para mejorar la calidad del aire y la salud de las personas”, ha aseverado la edil.
RECURSO DE RACVN
Nora Abete también se ha referido a cómo el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) anunció el pasado mes de agosto que recurriría la ZBE de Bilbao. En la misma línea que el partido de ultraderecha, desde la asociación automovilística consideran que las medidas propuestas hasta son demasiado restrictivas y discriminatorias, ya que afectan, específicamente, a las personas con menos poder adquisitivo. Por ello, sugerían la posibilidad de limitar el acceso solo cuando la calidad del aire lo requiera. “En el caso del RACVN, ellos se preocupan de los vehículos y nosotros de la salud de las personas y del medio ambiente”, ha opinado al respecto Abete.
